Este martes, Ecuador se sumió aún más en una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de vehículos y motines en varias cárceles con la retención de agentes penitenciarios. En respuesta a estos hechos, el presidente Daniel Noboa declaró al país en estado de «conflicto armado interno» mediante un decreto ejecutivo, solicitando la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía para «neutralizar» las acciones de al menos una veintena de organizaciones delictivas.
Este decreto modifica el estado de excepción previamente vigente y reconoce oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, proporcionando la justificación para la movilización y la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. La medida surgió en medio de una serie de eventos violentos, como tiroteos cerca del palacio de Carondelet, intentos de toma de la Universidad de Guayaquil y la toma armada de un canal de televisión en Guayaquil.
La crisis se agravó con la fuga de líderes criminales, incluido Adolfo Macías, alias «Fito», líder de la banda Los Choneros, y Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos. Las autoridades estadounidenses ofrecieron recompensas por información que conduzca a su captura. «Fito» cumplía una condena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
«Con un total de 14 delitos, «Fito» fue condenado a 34 años de cárcel»
Los intentos de las autoridades por abordar la situación en las cárceles se convirtieron en motines, retenciones de guardias penitenciarios y disturbios en al menos seis prisiones. Las redes sociales difundieron imágenes, aunque difíciles de verificar, de reclusos amotinados, asesinatos de policías y amenazas de ejecuciones.
En respuesta a la escalada de violencia, el nuevo decreto presidencial identifica a 22 grupos organizados como «organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes». Este reconocimiento se basa en la declaración oficial de un conflicto armado interno, y se insta a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo operaciones militares para «neutralizar» a estas organizaciones delictivas específicas.
La situación también generó caos en varias ciudades, con informes de autos incendiados, explosiones en estaciones policiales y amenazas a civiles y fuerzas de seguridad. El alcalde de Quito solicitó al Ejecutivo la «militarización» de instalaciones estratégicas debido a la «crisis de seguridad sin precedentes». La declaración de conflicto armado interno y la movilización militar reflejan la gravedad de la crisis y la necesidad de medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y el orden en el país.
Este martes, Ecuador se sumió aún más en una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de vehículos y motines en varias cárceles con la retención de agentes penitenciarios. En respuesta a estos hechos, el presidente Daniel Noboa declaró al país en estado de «conflicto armado interno» mediante un decreto ejecutivo, solicitando la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía para «neutralizar» las acciones de al menos una veintena de organizaciones delictivas.
El momento del arresto de los atacantes de la televisora
Este decreto modifica el estado de excepción previamente vigente y reconoce oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, proporcionando la justificación para la movilización y la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. La medida surgió en medio de una serie de eventos violentos, como tiroteos cerca del palacio de Carondelet, intentos de toma de la Universidad de Guayaquil y la toma armada de un canal de televisión en Guayaquil.
La crisis se agravó con la fuga de líderes criminales, incluido Adolfo Macías, alias «Fito», líder de la banda Los Choneros, y Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos. Las autoridades estadounidenses ofrecieron recompensas por información que conduzca a su captura. «Fito» cumplía una condena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Los intentos de las autoridades por abordar la situación en las cárceles se convirtieron en motines, retenciones de guardias penitenciarios y disturbios en al menos seis prisiones. Las redes sociales difundieron imágenes, aunque difíciles de verificar, de reclusos amotinados, asesinatos de policías y amenazas de ejecuciones.
En respuesta a la escalada de violencia, el nuevo decreto presidencial identifica a 22 grupos organizados como «organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes». Este reconocimiento se basa en la declaración oficial de un conflicto armado interno, y se insta a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo operaciones militares para «neutralizar» a estas organizaciones delictivas específicas.
La situación también generó caos en varias ciudades, con informes de autos incendiados, explosiones en estaciones policiales y amenazas a civiles y fuerzas de seguridad. El alcalde de Quito solicitó al Ejecutivo la «militarización» de instalaciones estratégicas debido a la «crisis de seguridad sin precedentes». La declaración de conflicto armado interno y la movilización militar reflejan la gravedad de la crisis y la necesidad de medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y el orden en el país.
Todos los bloques de legisladores en la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador acordaron de manera unánime este martes respaldar al Gobierno en su lucha contra las organizaciones criminales, tomando medidas como la adopción de indultos y/o amnistías según sea necesario para respaldar la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Durante una reunión de dos horas, las representaciones de los bloques, tanto del gobierno como de la oposición, expresaron su apoyo al Ejecutivo y a las fuerzas de seguridad. Henry Kronfle, presidente del Parlamento, leyó el pliego de resoluciones, subrayando la unidad en la colaboración y cohesión, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas representadas en la Asamblea. Kronfle destacó la necesidad de abordar conjuntamente los desafíos actuales de manera responsable.
El primer punto del acuerdo consiste en respaldar a las Fuerzas Armadas y la Policía mediante la adopción de «indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de los estamentos» de ambas fuerzas. Además, el acuerdo respalda las acciones del Gobierno nacional en materia de seguridad y exige la identificación y sanción de los responsables de las fugas carcelarias que permitieron la liberación de personas como alias «Fito» y alias «Colón Pico».
El comunicado también anticipa que la Asamblea Nacional priorizará la aprobación de normativas relacionadas con la seguridad que se encuentran en proceso, incluida la unificación de 41 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se debatirá en los próximos días. Este acuerdo refleja un esfuerzo conjunto para abordar la actual crisis de seguridad en el país, demostrando unidad y compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales.
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