El Centro Carter expresó en un comunicado que no puede «verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela». La organización subrayó que el CNE, que proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin haber contado más de dos millones de votos, no ha publicado los resultados desglosados por mesa, lo cual «constituye una grave violación de los principios electorales».
El comunicado explica que el proceso electoral «no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional». El CNE proclamó a Maduro como presidente el lunes, resultado que ha sido cuestionado por la oposición y por varios países de la región. Hasta casi tres días después, el CNE no había publicado las actas de escrutinio necesarias para que los testigos de los diferentes partidos pudieran cotejar los datos.
Según el CNE, Maduro obtuvo el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Este resultado ha sido rechazado por la oposición, liderada por María Corina Machado, y por gran parte de la comunidad internacional, provocando protestas y disturbios en diversas partes de Venezuela.
El Centro Carter destacó que la votación «se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación» y que el CNE «mostró parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición». Además, el registro de electores se realizó con «numerosos inconvenientes», incluyendo «plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas».
El comunicado también menciona que las dificultades se agravaron en el extranjero, donde los ciudadanos enfrentaron «barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero». Asimismo, el registro de partidos y candidatos «tampoco se adecuó a estándares internacionales», y las formaciones opositoras han sufrido intervenciones judiciales que beneficiaron a personas afines al gobierno, influenciando la conformación de sus candidaturas.
El Centro Carter recordó que la inscripción de las candidaturas opositoras estuvo «sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos». Además, la campaña electoral se desarrolló «con un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos», con la candidatura oficialista contando con amplios recursos, lo que se tradujo en una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor.
El comunicado observó también «el abuso de recursos públicos», incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña, así como el uso de programas sociales. La candidatura oficialista «tuvo preponderancia» en televisión y radio, mientras que las autoridades «intentaron restringir» las campañas opositoras mediante la persecución e intimidación de quienes prestaban servicios a políticos antichavistas.
A pesar de estas circunstancias, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias, y la jornada de votación «transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y testigos de partidos».
El Centro Carter criticó la «presión sobre el electorado» con «puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes». Sin embargo, sus observadores «comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático», demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores.
La misión del Centro Carter fue invitada para observar la elección presidencial de 2024 y firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera observar libremente de acuerdo «con sus estándares». La organización desplegó 17 expertos y observadores desde el 29 de junio en varias ciudades de Venezuela, reuniéndose con «una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil».
Finalmente, el Centro Carter anunció que publicará un informe final detallando todos los hallazgos adelantados en su comunicado.