En una táctica típica de operaciones militares de sabotaje previas a un ataque, el régimen venezolano ha ordenado a los empleados de Corporelec, la empresa eléctrica nacional, que apague el suministro de energía en la sede diplomática nacional. Esta acción ha generado una sensación de inseguridad entre los miembros de la delegación, quienes están enfrentando presiones del gobierno de Nicolás Maduro. Este gobierno, que parece haber perdido toda racionalidad, ha comenzado a asediar una misión diplomática, infringiendo gravemente las normas del derecho internacional y la Convención de Caracas.
Caracas, la ciudad en la que se encuentra la embajada, está al borde de una posible revuelta civil y enfrenta la amenaza de una represión brutal por parte de un régimen que muchos consideran tiránico. En 1954, en esta misma ciudad se establecieron reglas para que los países brinden asilo a perseguidos políticos, un principio que el actual gobierno de Maduro parece estar ignorando por completo.
La Convención de Caracas establece claramente que cualquier Estado tiene el derecho soberano de admitir en su territorio a las personas que considere necesarias, sin que ningún otro país pueda reclamar por ello. Maduro, sin embargo, ha optado por presionar psicológica y materialmente a los seis refugiados, importantes líderes de la oposición y aliados de los candidatos Urrutia y Corina Machado, lo que resulta indignante para cualquier persona de principios.
El Artículo II de la Convención es específico al afirmar que el respeto hacia la jurisdicción de un Estado también se aplica a las personas que llegan desde un país en el que enfrentan persecución por sus creencias, opiniones, filiación política o actos que puedan ser considerados delitos políticos. Además, cualquier violación de esta soberanía, como actos contra la vida o seguridad de una persona en el territorio de otro Estado, no se justifica ni siquiera si la persecución comenzó fuera de sus fronteras o se basa en motivos políticos.
Este punto ha generado tensiones entre el presidente chileno Boric y Maduro, dado que la Fiscalía chilena sospecha que la muerte del teniente opositor Ronald Ojeda en Santiago de Chile el 21 de febrero, fue organizada desde Venezuela.
En Caracas, se conoce bien el tipo de represión que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están dispuestos a ejercer para mantener su poder. La represión comienza con las milicias urbanas, sigue con la policía y, finalmente, con el ejército bolivariano, que está completamente subordinado al régimen.
El analista político Rosendo Fraga, en un artículo para el diario Clarín, explica que uno de los cambios significativos en el régimen venezolano ha sido ideológico, ejemplificado por el reemplazo del lema “Patria o muerte” por “Socialismo o muerte”. Al igual que en Cuba, las instituciones armadas en Venezuela sirven al Partido en lugar del Estado.
En este contexto, los diplomáticos argentinos, su personal y los seis asilados en la delegación están resistiendo como pueden, temiendo un ataque inminente contra sus vidas.