Un grupo de destacados rectores de universidades israelíes alzó la voz en un gesto inusual dentro del contexto político y académico del país. A través de una carta abierta dirigida al primer ministro Benjamín Netanyahu, expresaron su profunda preocupación por la creciente crisis humanitaria que afecta a la población civil de Gaza, y exigieron acciones urgentes por parte del gobierno para detener el sufrimiento provocado por el hambre y las enfermedades.

La misiva, publicada en el diario Israel Hayom, fue firmada por los máximos representantes de cinco de las instituciones académicas más prestigiosas del país: la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto de Ciencias Weizmann, el Instituto de Tecnología de Israel (Technion) y la Universidad Abierta de Israel. En ella, los rectores manifestaron su conmoción por las imágenes que diariamente llegan desde Gaza, donde, según relatan, niños y bebés están perdiendo la vida por falta de alimentos y atención médica.

Los académicos hicieron especial hincapié en la responsabilidad ética y moral de Israel como nación que ha atravesado el Holocausto, y señalaron que dicha historia impone un deber ineludible de actuar frente a las tragedias humanitarias. “Como pueblo que sufrió atrocidades inimaginables, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar sufrimientos injustos y generalizados a civiles inocentes —hombres, mujeres y niños— que no están involucrados en el conflicto”, sostuvieron los rectores en un tono firme.

Además de reclamar medidas concretas frente a la crisis alimentaria, también cuestionaron duramente algunas declaraciones realizadas por miembros del gobierno israelí, las cuales, a su juicio, cruzan límites inadmisibles. En particular, criticaron discursos que avalan el uso de armamento nuclear, promueven la negación total de ayuda alimentaria a Gaza o impulsan la expulsión masiva de palestinos. Los rectores advirtieron que este tipo de manifestaciones no solo son éticamente repudiables, sino que podrían constituir delitos graves: “Estas expresiones pueden ser consideradas, bajo el derecho internacional, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, advirtieron, al tiempo que pidieron al Ejecutivo que condene sin ambigüedades tales posturas.

Otro de los puntos señalados en la carta fue la posible construcción de una llamada «ciudad humanitaria» en Rafah, una propuesta impulsada por sectores del gobierno israelí como solución temporal al desplazamiento de civiles. Los firmantes compararon este plan con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, calificándolo como un proyecto que implicaría un “daño moral irreversible” para la imagen de Israel en el escenario internacional. Desde su perspectiva, este tipo de medidas desdibujan la legitimidad del accionar del Estado israelí, incluso frente a los crímenes cometidos por Hamás.

En medio de esta creciente presión pública, el primer ministro Netanyahu negó este lunes que exista una hambruna en Gaza y rechazó que su gobierno esté aplicando políticas deliberadas para inducirla. Mantuvo la postura de que Israel no es responsable de la catástrofe humanitaria, e insistió en que los reclamos internacionales estarían basados en una narrativa manipulada.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, defendió la estrategia del gobierno en relación a la distribución de ayuda humanitaria. Según sus declaraciones, en el contexto de un conflicto, los líderes deben evaluar con pragmatismo qué permitir y qué restringir, en función de los objetivos estratégicos que se desean alcanzar. De ese modo, justificó las decisiones del Ejecutivo respecto a los suministros destinados a la Franja de Gaza.

Sin embargo, los rectores que suscribieron la carta sostienen que, más allá de las responsabilidades de Hamás —organización a la que acusan de tomar rehenes, violar el derecho internacional y utilizar a la población como escudo humano—, el gobierno israelí no puede desentenderse del impacto humanitario de sus acciones. En ese sentido, expresaron su decepción ante la negativa del Ejecutivo a reconocer la magnitud del sufrimiento civil, y advirtieron que ignorar esta situación puede tener consecuencias irreparables, tanto desde el punto de vista humanitario como reputacional para el Estado de Israel.

Con este pronunciamiento, el mundo académico israelí pone en evidencia una creciente disconformidad interna frente a la conducción del conflicto, y lanza un llamado urgente a la reflexión y a la responsabilidad política, en un momento de tensión extrema y con un elevado costo humano.

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