Juicio en Nueva York: dictan otra resolución en contra de YPF, obligándola a proporcionar datos sensibles sobre activos a embargar

La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó la solicitud presentada por YPF y ordenó a la empresa entregar información relacionada con posibles activos embargables en el marco de la demanda que se tramita en Estados Unidos, originada por la nacionalización de la petrolera argentina.

Según lo dispuesto por la magistrada del Segundo Circuito de Nueva York, YPF cuenta con un plazo de 15 días para proporcionar la documentación requerida como parte del proceso de “discovery”, cuyo objetivo es determinar si la compañía puede ser considerada como “alter ego” del Estado argentino en la causa por unos U$S18.000 millones iniciada por el fondo Burford Capital, principal demandante. La decisión no implica reabrir el juicio original, sino establecer si YPF puede ser utilizada como vía para ejecutar la sentencia contra la Nación.

Preska estableció que las partes deberán negociar los límites de los documentos y comunicaciones a entregar, y además fijó que el 25 de septiembre comenzarán los alegatos para definir si se ratifica su orden de transferir acciones de YPF a los demandantes como parte del cumplimiento del fallo. Esta resolución coloca a la petrolera en un contexto de presión judicial adicional, mientras sigue discutiéndose cómo se abonará una de las condenas más costosas que ha enfrentado Argentina en el exterior.

Desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán ante la Corte Suprema de Estados Unidos frente a cualquier resolución desfavorable. En un comunicado, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) destacó que “este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”.

En síntesis, YPF deberá colaborar con la entrega de información sensible para el proceso judicial, mientras la Justicia estadounidense evalúa su papel en la ejecución de la sentencia, manteniendo abierta la tensión legal entre la petrolera y los demandantes internacionales.