El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha solicitado la expulsión de todo el personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que se encuentre en Caracas. Además, ha anunciado que Venezuela retirará a sus representantes de estos países.
En su comunicado, Gil expresó el enérgico rechazo de Venezuela hacia las recientes acciones y declaraciones de varios gobiernos de derecha, a quienes acusa de estar alineados con Washington y de promover ideologías fascistas internacionales. Estos gobiernos, según el canciller, intentan recrear el fracasado Grupo de Lima para desafiar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue reelegido para un nuevo mandato de seis años.
El comunicado subraya que Venezuela se reserva el derecho de tomar todas las medidas legales y políticas necesarias para proteger su derecho a la autodeterminación. Además, Gil aseguró que el gobierno de Maduro enfrentará cualquier acción que amenace el clima de paz y convivencia logrado con tanto esfuerzo por el pueblo venezolano.
Esta postura de Venezuela responde a la decisión reciente de los gobiernos de Argentina y otros países de la región de rechazar y desconocer el resultado de las elecciones venezolanas.
Un comunicado de la Cancillería argentina acusó al mandatario bolivariano de «despreciar una vez más la voluntad del pueblo de vivir» en una nación «libre, próspera y democrática».
Al respecto, antes de la exigencia de Maduro de que vuelvan a sus países, la cartera que lidera Diana Mondino instruyó al Encargado de Negocios en Caracas a «no participar del acto de
proclamación de la candidatura oficialista convocado por las autoridades venezolanas en el día de la fecha».
«La República Argentina considera indispensable que se permita el acceso de la oposición a las actas de escrutinio así como insta a las autoridades venezolanas a respetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Parte, en especial su artículo 25», expresó la Cancillería.