La grave crisis política que sacude a Nepal quedó expuesta con crudeza este martes, cuando comenzaron a circular por redes sociales impactantes imágenes del ministro de Economía, Bishnu Prasad Paudel, quien fue despojado de su ropa y arrojado a un río en medio de un hostigamiento público por parte de ciudadanos enfurecidos que decidieron tomar represalias directas contra él.
Aunque este tipo de acciones violentas no tienen justificación, lo cierto es que se enmarcan en un contexto de creciente malestar social que estalló luego de que el gobierno nepalí impulsara una polémica ley destinada a prohibir el uso de redes sociales. Esta medida, que buscaba restringir plataformas como Facebook, X (antes Twitter) y YouTube bajo el argumento de que no estaban registradas ni controladas por el Estado, fue interpretada por amplios sectores de la población —en especial por los jóvenes de la denominada “Generación Z”— como un ataque frontal contra la libertad de expresión.
La decisión terminó siendo el detonante de un movimiento mucho más amplio en contra de la corrupción y el nepotismo político que, según los manifestantes, domina desde hace años a los partidos gobernantes. Tras la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, presionado tanto por la ola de protestas internas como por las críticas internacionales, la situación lejos estuvo de calmarse. En Katmandú y otras ciudades, las movilizaciones derivaron en enfrentamientos violentos que dejaron un saldo trágico de al menos 19 muertos y centenares de heridos, luego de una brutal represión policial.
La escalada de violencia alcanzó niveles alarmantes: el Parlamento fue incendiado por los manifestantes, al igual que varias residencias de dirigentes políticos. Entre las víctimas colaterales de este caos se encuentra la esposa de un ex primer ministro, que falleció durante el incendio de su vivienda. También fueron atacadas instalaciones de gran relevancia, como la sede de Kantipur Media Group, el conglomerado de medios más influyente del país, que terminó reducido a cenizas en medio del descontrol.
En este marco de descontento generalizado y caos social, el ministro de Finanzas se convirtió en un blanco directo de la furia ciudadana. Las escenas de su captura, humillación y agresión recorrieron el mundo entero, generando estupor y preocupación. Su caso simboliza el grado de descomposición política y social que atraviesa Nepal, donde confluyen varios factores críticos: la prohibición de las redes sociales como detonante inmediato, la desconfianza popular hacia un sistema político señalado por corrupción estructural, la represión policial con su trágico saldo de muertos y heridos, y la incapacidad del gobierno de contener una espiral de violencia que amenaza con desestabilizar aún más al país.
En definitiva, la crisis nepalí no solo refleja un rechazo al autoritarismo y a la censura estatal, sino también un hartazgo acumulado hacia una clase dirigente acusada de corrupción, ineficiencia y privilegios, en un contexto donde la violencia y el caos se han convertido en el escenario dominante.