El Senado uruguayo dio luz verde a la ley que permite la eutanasia, marcando un hito histórico en América Latina al convertirse en la primera nación de la región en consagrar legalmente el derecho a una muerte digna. Tras un debate intenso que se extendió por más de doce horas, la iniciativa recibió 20 votos a favor de un total de 31 legisladores presentes. Sebastián Sabini Giannecchini, primer vicepresidente de la cámara alta, anunció la aprobación oficial del proyecto y señaló que la decisión sería comunicada de inmediato al Poder Ejecutivo, generando aplausos entre los senadores.
Este proyecto, conocido como la “ley de muerte digna”, ya había contado con la aprobación de la Cámara de Diputados. Con el visto bueno del Senado, la norma queda formalmente sancionada por el Parlamento y ahora pasa a la etapa de reglamentación por parte del presidente Yamandú Orsi. La legislación uruguaya establece así un marco legal que permite a las personas acceder a la eutanasia de manera regulada, garantizando que quienes deseen poner fin a su vida puedan hacerlo bajo condiciones legales y médicas supervisadas.
En comparación con otros países de la región, Uruguay se adelanta significativamente. Aunque en Colombia y Ecuador la eutanasia está despenalizada, esto ha ocurrido mediante fallos judiciales y no por una ley explícita. A nivel global, naciones como España, Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda y Canadá cuentan con legislaciones similares que regulan la práctica.
Según un sondeo de la consultora Cifra difundido en mayo, el 62% de los uruguayos apoya la eutanasia, mientras que un 24% se muestra en desacuerdo. El mismo estudio reveló que, entre 2022 y 2025, la aceptación social de esta práctica aumentó en siete puntos porcentuales, reflejando un crecimiento en la aprobación ciudadana.
La nueva norma establece que el objetivo de la ley es garantizar a las personas el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. La legislación permite la eutanasia para adultos mayores de edad psíquicamente competentes que padezcan enfermedades terminales incurables e irreversibles, o que sufran dolencias insoportables derivadas de estas condiciones. Con ello, Uruguay se posiciona como un referente regional en materia de derechos civiles y bioética, regulando de manera clara y legal un procedimiento que hasta ahora había quedado limitado a decisiones judiciales en otras partes de Latinoamérica.