Vecinos de Río llevaron los cuerpos a una plaza tras el operativo contra el Comando Vermelho

La operación policial más extensa en la historia de Río de Janeiro, dirigida contra el poderoso grupo criminal Comando Vermelho (CV), dejó un saldo devastador. De acuerdo con la última actualización de la Defensoría Pública, al menos 132 personas perdieron la vida, y la magnitud del operativo desató escenas de horror en las favelas. En el barrio de Penha, los vecinos, desesperados por reconocer a sus familiares, trasladaron durante la madrugada más de medio centenar de cuerpos hasta una plaza local para intentar identificarlos.

Según el periódico brasileño O Globo, los cadáveres fueron recuperados de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, uno de los principales focos del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes. Alrededor de las tres de la mañana del miércoles, comenzaron a llegar camionetas con cuerpos hasta la plaza São Lucas, ubicada sobre la avenida José Rucas, en el corazón de Penha, al norte de Río. En pocas horas, se formó una larga fila de más de cincuenta cadáveres, algunos cubiertos con mantas o bolsas empapadas en sangre. Testigos relataron que los propios habitantes cortaban pequeños fragmentos de la ropa de los fallecidos para poder reconocerlos más tarde.

El clima en el lugar era de absoluto silencio y conmoción. Los familiares, entre llantos y gritos, levantaban los plásticos que cubrían los cuerpos para confirmar la identidad de sus seres queridos. En una de las imágenes más impactantes, se observaban los cadáveres alineados en ropa interior mientras decenas de personas se amontonaban a su alrededor, muchas de ellas incapaces de contener el llanto. A media mañana, los bomberos arribaron a la zona para comenzar la retirada oficial de los cuerpos, aunque los vecinos aseguraron que aún quedaban decenas más en lo alto de la colina.

“¿Cómo pudieron arrasar con tantas vidas y destruir familias enteras sin rendir cuentas?”, exclamó entre lágrimas una mujer mientras acariciaba el rostro de su hijo fallecido. Otros testigos denunciaron que incluso algunos hombres que se habían rendido fueron ejecutados a sangre fría. “Nunca vi algo así”, relató un habitante de la comunidad. Ante la magnitud del hecho, el secretario de la Policía Militar, Marcelo de Menezes Nogueira, anunció una investigación para esclarecer la procedencia y el traslado de los cuerpos por parte de los vecinos.

La operación, llevada a cabo el martes anterior, movilizó a 2.500 efectivos de la Policía y del Ejército, con apoyo de helicópteros y vehículos blindados, en las favelas de Complexo da Penha y Alemão, al norte de Río. Durante el despliegue, 81 presuntos delincuentes fueron detenidos, y se produjo un intercambio de fuego que dejó un saldo de más de un centenar de sospechosos y cuatro policías muertos, aunque el número podría aumentar con el correr de los días.

El objetivo principal del operativo fue desmantelar la estructura del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas de Brasil. Fundada en los años 70, durante la dictadura militar, el grupo nació en una cárcel de Río donde confluyeron presos comunes y militantes de izquierda. En la actualidad, el CV tiene alcance nacional e internacional, con conexiones en Bolivia y Colombia, y mantiene una guerra abierta con otras facciones como el Terceiro Comando Puro y el Primeiro Comando da Capital (PCC), originario de São Paulo.

De acuerdo con la fiscalía, Edgard Alves de Andrade, alias Doca, es el líder principal del CV en el Complexo da Penha y en otras comunidades como Gardênia Azul, César Maia y Juramento. Estas zonas, que antes eran dominadas por el CV, habrían sido recientemente disputadas por las milicias locales.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, se pronunció en la red social X, celebrando el resultado del operativo y asegurando que los presuntos criminales fueron “neutralizados”. Además, informó que las fuerzas de seguridad incautaron 93 fusiles y más de media tonelada de drogas, calificando la intervención como “la más grande de la historia de la ciudad”. No obstante, la Policía Civil confirmó la muerte de cuatro agentes y prometió que “los ataques cobardes de los delincuentes no quedarán impunes”.

Durante la jornada se difundieron imágenes que mostraban disparos, fuego y columnas de humo elevándose desde las favelas, mientras grupos criminales bloqueaban calles y quemaban autobuses en señal de represalia. En total, más de 70 vehículos fueron tomados por los narcotraficantes para bloquear rutas en el norte y sureste de la ciudad.

El operativo fue el resultado de un año de investigación y marcó un punto de inflexión en la forma en que se enfrentan las fuerzas de seguridad y los grupos delictivos: por primera vez, los narcos utilizaron drones con granadas, un método de combate propio de escenarios bélicos. Según las autoridades, el despliegue superó incluso al de 2010, cuando el Estado recuperó el control de esa misma zona tras un enfrentamiento que dejó más de 30 muertos.

A pesar de su magnitud, la intervención fue duramente criticada por organismos de derechos humanos, que denunciaron la brutalidad policial y la falta de transparencia en las cifras. “Exigiremos explicaciones sobre esta acción que convirtió otra vez a las favelas de Río en un escenario de guerra y barbarie”, declaró la diputada Dani Monteiro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Cabe recordar que en 2020, la Corte Suprema de Brasil había impuesto restricciones a los operativos en favelas —limitando el uso de helicópteros y las incursiones cerca de escuelas u hospitales—, pero dichas medidas fueron levantadas este año. Según datos oficiales, unas 700 personas murieron en intervenciones policiales en Río durante 2024, lo que representa un promedio de casi dos muertes por día.

Frente a la crisis, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva regresó de un viaje oficial y convocó a una reunión urgente en Brasilia con su gabinete y los ministros de Justicia y Seguridad Pública. También participaron el vicepresidente Geraldo Alckmin, Rui Costa (jefe de Gabinete) y Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales).

Tras el encuentro, el Palacio de Planalto comunicó que el gobierno federal ofreció trasladar presos de alto riesgo a cárceles de máxima seguridad, en un intento por frenar el avance del crimen organizado en Río. Por el momento, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski descartó decretar una intervención federal o el envío de tropas bajo el Decreto de Garantía de Ley y Orden (GLO), aunque no se descarta que la medida se evalúe si la violencia continúa escalando.

La tragedia, el miedo y la incertidumbre marcan el día después en Río de Janeiro. Entre los restos de los enfrentamientos y las historias de dolor de las familias, la ciudad intenta asimilar una de las operaciones más sangrientas y polémicas de su historia reciente.

AP Photos/Silvia Izquierdo