Nicolás Maduro ha ordenado la captura del presidente argentino, Javier Milei, su hermana Karina Milei, quien es secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Este anuncio fue realizado por el fiscal chavista Tarek William Saab.

Saab explicó que el Ministerio Público de Venezuela ha asignado dos fiscales especializados para avanzar con el caso y tramitar las órdenes de arresto contra los tres argentinos mencionados. En sus declaraciones a los medios venezolanos, Saab especificó: “Este ministerio público de la República Bolivariana de Venezuela ha designado a dos fiscales especializados que están llevando a cabo las diligencias necesarias y gestionando las órdenes de aprehensión contra: Javier Milei, presidente de Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina”.

Esta acción sigue a la solicitud de los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, quienes el martes pasado pidieron a la Cámara Federal de Buenos Aires que ordene la indagatoria y captura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, su principal aliado. Además, el dictamen también abarca a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela como parte de un «plan sistemático».

El pedido argentino fue impulsado por las víctimas de estos crímenes, quienes a través del abogado Tomás Farini Duggan, apelaron al principio de justicia universal para que los crímenes se investiguen en Argentina. Durante la audiencia, seis venezolanos compartieron sus testimonios, destacando el de un fiscal venezolano que cuestionó la idea de que estos delitos deban ser juzgados solo en Venezuela.

Farini Duggan, representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad presidida por Mario Vargas Llosa, solicitó la captura internacional de Maduro por delitos de lesa humanidad. Esta solicitud se realizó después de revisar los avances en la investigación, que incluyó denuncias sobre la desaparición de Rocío San Miguel y abusos durante las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, que fueron calificadas como fraudulentas.

Farini Duggan instó a los jueces argentinos a considerar esta oportunidad histórica para responsabilizar a los líderes de lo que él describió como la peor dictadura cívico-militar, que ha convertido a Venezuela en un centro de torturas. Reclamó que todas las denuncias se incluyan en una investigación centralizada.

Por otro lado, después de las elecciones fraudulentas del 28 de julio, el régimen de Maduro intensificó su represión contra la oposición venezolana. Entre los perseguidos están los líderes opositores Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda, quienes se han refugiado en la embajada argentina en Caracas.

Este grupo denunció que tras las acusaciones de “conspiración” y “traición a la patria” por parte de la Fiscalía chavista, funcionarios del régimen intentaron tomar la sede diplomática, lo cual calificaron como una “grave violación del derecho internacional”.

Desde agosto, Brasil ha asumido la custodia de las sedes diplomáticas de Perú y Argentina en Venezuela, así como la representación de sus ciudadanos e intereses, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones. Además de Perú y Argentina, la dictadura de Maduro también ha exigido a Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay que retiren “inmediatamente” a sus representantes en respuesta a sus críticas sobre las elecciones del 28 de julio.

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