El próximo lunes 14 de julio, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dará a conocer una decisión crucial para la Argentina: definirá si concede al Estado nacional la suspensión de la sentencia que lo obliga a ceder el 51% de las acciones de la empresa petrolera YPF a los fondos financieros que iniciaron una demanda tras la expropiación de la compañía.
Esta instancia judicial representa un momento clave dentro del extenso conflicto legal que se desarrolla en tribunales estadounidenses, y cuya evolución es seguida muy de cerca por expertos en derecho internacional y finanzas. Entre ellos, el analista Sebastián Maril, quien informó anoche sobre la fecha establecida por la magistrada Preska para emitir su resolución.
En paralelo a esta expectativa, el Gobierno argentino formalizó este jueves por la mañana una apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con el objetivo de revertir el fallo adverso dictado por Preska. Según se detalla en la presentación, la estrategia legal de Argentina contempla incluso la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos si las próximas instancias continúan siendo desfavorables.
La defensa legal del país sostiene varios puntos en contra de la resolución de Preska. Entre ellos, afirma que la orden judicial que exige la entrega del paquete accionario mayoritario de YPF vulnera disposiciones del derecho federal norteamericano y contraviene la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Además, señala que el fallo ignora principios fundamentales del derecho internacional, como la cortesía entre estados soberanos.
Un elemento destacado en el escrito de apelación es la mención de una Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, que habría respaldado en su momento la posición argentina en este litigio.
Finalmente, la presentación del Gobierno también argumenta que la sentencia representa una extralimitación judicial que afecta la soberanía de la Argentina, al constituir lo que considera un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
Esta situación se enmarca en un conflicto de alto impacto político, económico y jurídico, cuyo desenlace podría sentar un precedente relevante para futuras controversias relacionadas con la actuación de estados soberanos frente a fondos de inversión internacionales.