La jueza Loretta Preska, quien se desempeña en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a dar un revés a la estrategia legal de la Argentina en el largo litigio por la expropiación de YPF. La magistrada desestimó el pedido presentado por el Estado argentino para que se revisara y dejara sin efecto la orden que lo obliga a entregar correos electrónicos, mensajes y distintas comunicaciones pertenecientes tanto a funcionarios en ejercicio como a exfuncionarios que ocuparon cargos en el Gobierno.
Según explicó el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, Preska fue clara al señalar que, si bien la República no posee ni tiene bajo custodia directa esos dispositivos y cuentas, sí mantiene un “control” sobre esa información, lo que habilita a los demandantes a requerir su entrega. De esta manera, el fallo implica una nueva derrota judicial para el país en un pleito que ya lleva más de diez años en tribunales estadounidenses y que sigue sumando capítulos adversos.
En su resolución, la jueza recordó que la decisión de aceptar o rechazar un pedido de reconsideración queda a criterio absoluto de la justicia de distrito, y destacó que, en general, este tipo de mociones se deniegan salvo que existan elementos novedosos y determinantes que las justifiquen. En este caso, concluyó que los argumentos de la Argentina no alcanzaban ese umbral.
La Procuración del Tesoro había intentado frenar los efectos de una disposición previa del 29 de julio, mediante la cual Preska autorizó a los querellantes a acceder al contenido de teléfonos y correos electrónicos de figuras claves de la política y de la economía nacional. Entre los nombres señalados aparecen los de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, quienes se desempeñaron en etapas distintas de la administración.
Los representantes legales de la Argentina sostuvieron que los demandantes no lograron probar que el Estado tuviera derecho, autoridad o capacidad práctica de acceder a cuentas y dispositivos de carácter personal pertenecientes a actuales o antiguos funcionarios públicos. De hecho, remarcaron que, conforme a la legislación argentina, esos bienes digitales son de propiedad exclusiva de cada individuo y no del Estado como empleador.
En la misma línea, desde la Procuración del Tesoro advirtieron que los requerimientos resultaban incompatibles tanto con la legislación argentina en materia de protección de datos personales como con principios de la jurisprudencia estadounidense que resguardan la privacidad. Por ese motivo, expresaron que la decisión de Preska era “incorrecta” y adelantaron que se analizarán las alternativas procesales para apelar. Además, recordaron que aún está pendiente de resolución una segunda moción, en la que se solicita limitar los pedidos de discovery únicamente a activos que puedan ser ejecutables, apelando a antecedentes como el fallo de la Corte Suprema norteamericana en el caso NML Capital.
El origen de este litigio se remonta a 2015, cuando Burford Capital –un fondo especializado en adquirir derechos de litigio– tomó la posta en la demanda contra la Argentina. La causa no discute la legalidad de la expropiación en sí, sino la falta de cumplimiento con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que estipula el estatuto de YPF al momento de la estatización.
Las próximas etapas judiciales ya tienen fechas tentativas. El 25 de septiembre está programada la primera audiencia en la que la Argentina deberá presentar sus argumentos en la apelación inicial tras haber perdido el juicio. Más adelante, durante la última semana de octubre, se llevará a cabo otra instancia clave: una audiencia oral, aún sin día fijado, en la que un tribunal de segunda instancia escuchará de manera directa los planteos de ambas partes respecto de la cesión de acciones de la petrolera.
Los fondos demandantes, comúnmente catalogados como “fondos buitre”, ven en esa cita judicial la oportunidad de reforzar su ofensiva. Ya habían intentado previamente ejecutar el fallo embargando activos estatales como Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, Enarsa o ARSAT, aunque sin éxito. En sus argumentos, buscan demostrar que esas compañías no son entes autónomos sino que funcionan como verdaderos “alter ego” del Estado nacional, bajo control político directo. Fue en ese contexto en el que también solicitaron acceder a la información privada de Sergio Massa y Luis Caputo, ambos figuras centrales en la conducción económica argentina en los últimos años.
En definitiva, la negativa de Preska a reconsiderar el fallo reafirma la posición de los demandantes y vuelve a colocar a la Argentina en una situación compleja dentro de un juicio de altísimo impacto financiero y político que aún tiene varios capítulos por delante.