Con el voto unánime de sus cuatro ministros, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala, por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa conocida como «Pibes Villeros». Sala había sido sentenciada a 13 años de cárcel.

La Corte tenía el caso en estudio desde marzo de 2020, pero este jueves consideró que no estaban reunidas las condiciones para atender su recurso extraordinario y así quedó confirmada la sentencia en su contra dictada por el Tribunal Criminal 3 de Jujuy, que ya había sido ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y por la Cámara de Casación Penal.

«Pibes Villeros» es una de las cooperativas truchas -por su constitución o su mero rol de pantalla para recibir fondos nacionales- mediante las cuales la líder de la agrupación Tupac Amaru justificaba ante las autoridades de la Nación la recepción de fondos millonarios que de inmediato iban a parar a sus manos y las de sus cómplices, a veces inmediatamente después de ser cobrados en el banco, tal como quedó registrado en un video muy difundido por la televisión.

En enero de 2019, las juezas Alejandra Tolaba, Claudia Cecilia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas tuvieron por probado que Sala, en conjunto con otras de las personas que fueron llevadas a juicio, conformó y lideró una asociación dedicada a cometer delitos que tuvo actividad entre los años 2013 y 2015.

El tribunal también consideró probadas respecto de Sala un conjunto de las conductas delictivas específicas atribuidas a esa asociación ilícita; en particular, las extorsiones denunciadas por seis cooperativistas locales -Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo, Julia del Carmen Gutiérrez, José Daniel Orellana y Néstor Antonio Lezcano- y las defraudaciones cometidas, en relación con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Jujuy y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la financiación de mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy.

Las juezas convalidaron irregularidades en los pagos de catorce convenios firmados entre el Instituto de Vivienda jujeño y diferentes cooperativas de trabajo de la provincia durante 2015; y en relación con otro convenio suscripto entre la cooperativa Negro Monzón Ltda. y el municipio de Palpalá, ejecutado entre los años 2013 y 2014.

Según la condena refrendada ahora por la Corte, «esta organización criminal logró un altísimo acatamiento de las directivas de Sala en razón de que sus miembros conformaron las ficticias cooperativas y también porque Sala y los demás integrantes de esta ‘cimentaron la obediencia de otros cooperativistas con la ilustración de los males que se les infligiría a los insubordinados‘, ya que ‘se impuso así una suerte de temor y obediencia de las órdenes que recibían, cooperativistas y miembros de distintas organizaciones sociales, pues quienes se resistían o confrontaban con alguno de los miembros de la asociación ilícita habían sido lesionados, extorsionados, amenazados y privados de la obtención de obras, bolsones de comidas, capacitaciones”

La mecánica delictiva era bastante sencilla y su ejecución transparente: la asociación ilícita logró la entrega de altas sumas de dinero por parte de dependencias públicas -cuya contraparte nacional aún no fue debidamente investigada– a través de un conjunto de cooperativas que respondían a su voluntad, para luego desviar esos fondos de la finalidad para la que estaban destinados: la construcción de viviendas y mejoras habitacionales.

Extorsiones y amenazas mediante, «quienes eran obligados a oficiar de presidentes de cooperativas facturaban, retiraban los cheques y los endosaban a los integrantes de la asociación ilícita». Si no, «acarreaban a cooperativistas o miembros de las organizaciones sociales a las sucursales de las entidades bancarias para recibir los cheques y luego entregar los dineros a los miembros de la comunidad criminal”.

El dinero era llevado en bolsos, por ejemplo, al domicilio de Milagro Sala o a la sede de la Tupac Amaru «sin que luego se supiera de ellos, ya que las obras no se iniciaron», dice la sentencia triplemente ratificada.

Protegida por el gobierno en general -la ex ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, fue su abogada- y el kirchnerismo en particular, Milagro Sala intentó discutir aquella condena con la apelación a la Corte, ante cuyo estrado reclamó por una serie de supuestas irregularidades: la restricción a la publicidad del juicio; la violación del plazo para leer los fundamentos de la sentencia; la afectación al derecho a controlar la prueba que se produjo en el debate durante el período en que Sala fue expulsada del juicio oral por haber sido sancionada; la violación del derecho a ofrecer prueba por haberse denegado ciertas medidas propuestas; la indeterminación de la acusación respecto de los delitos por los que fue condenada y la nulidad del alegato fiscal y de la sentencia por haberse modificado la plataforma fáctica en lo relativo a las imputaciones por asociación ilícita y fraude a la administración pública; y, por último, de la arbitraria valoración de la prueba. También sostuvo que se había configurado un caso de gravedad institucional.

Uno por uno, y con argumentaciones específicas, la Corte rechazo la totalidad de esos planteos. En la mayoría de los casos, por falta de fundamentación, en otros por incoherencias y en algunos por tratarse de cuestiones de jurisdicción provincial en los que el máximo tribunal jamás interviene.

Un detalle de la condena por corrupción contra Milagro Sala es particularmente elocuente para los especialistas: mientras que la acusada pretendió argumentar que ella y otros cómplices habían sido sentenciados mientras que la organización Tupac Amaru no fue sancionada, las juezas del Tribuna Oral y sus instancias revisoras tuvieron por demostrados «que sobre esa estructura institucional se montó luego una asociación ilícita que se sirvió de los recursos con que (originariamente) contaba la entidad para así, llevar adelante una serie de actos ilícitos que son motivo de juicio y que constituyen el objeto del proceso”. Casi un espejo de lo que Cristina Kirchner argumentó para esquivar la acusación por asociación ilícita en la causa Vialidad: el Estado no puede ser una organización delictiva. En minoría, el juez Andrés Basso razonó cono las juezas jujeñas que juzgaron a Sala./Clarín

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