Un reciente estudio elaborado por el Instituto Gino Germani, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, pone en evidencia una situación social que se ha vuelto cada vez más crítica en el país. De acuerdo con este trabajo, siete de cada diez personas que trabajan —sin importar si lo hacen en la formalidad o en la informalidad— perciben menos de un millón de pesos al mes, cifra que queda por debajo del valor actual de la Canasta Básica Total, ya situada por encima de los $1,2 millones. Este desfasaje entre los ingresos y el costo de vida confirma un fenómeno que ya se percibe en la vida cotidiana: tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza.
El informe sostiene que esta problemática dejó de ser una excepción para transformarse en un rasgo permanente del mercado laboral argentino. Incluso en el sector de los asalariados registrados, donde históricamente se encontraban mejores niveles de protección y estabilidad, el 58% tampoco llega a cubrir los gastos mínimos esenciales. A esto se suma un dato particularmente alarmante: uno de cada cinco empleados que trabajan 40 horas semanales se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que demuestra que la cantidad de horas trabajadas tampoco asegura ingresos suficientes.
Cuando se observa la realidad de los trabajadores informales o de quienes realizan actividades independientes de baja calificación, el panorama se vuelve aún más crítico: alrededor del 90% de ellos no logra superar el umbral de pobreza, lo que revela que la precarización salarial afecta a todas las modalidades laborales y no se soluciona únicamente accediendo a un empleo formal.
Un modelo económico que erosiona los ingresos
Según los especialistas que elaboraron el informe, esta situación no es accidental. El diagnóstico apunta a un esquema económico que, en los últimos años, priorizó los ajustes fiscales y la reducción del gasto público por encima del resguardo del poder adquisitivo de los trabajadores. En este marco, aparece con fuerza un nuevo fenómeno: el de la “pobreza residencial”, un concepto que refiere al impacto combinado del aumento sostenido de los alimentos y de las tarifas de los servicios esenciales.
El documento remarca que el gasto en energía y agua se transformó en un factor determinante del deterioro económico de los hogares. Mientras que a fines de 2023 estos servicios representaban el 4% del salario mediano, para 2025 ya absorben el 11%. Este salto deja a muchas familias sin margen para afrontar otros gastos y recorta drásticamente la capacidad de ahorro.
Frente a este escenario, numerosos trabajadores se ven obligados a acumular más de un empleo para intentar equilibrar sus ingresos. Según el informe, el 12% de las personas ocupadas tiene actualmente más de un trabajo, lo que muestra la profundidad del deterioro salarial incluso entre quienes cuentan con estabilidad y formalidad.
Un mercado laboral que ya no saca de la pobreza
La conclusión del estudio es contundente: el actual esquema económico consolidó una realidad en la que el empleo dejó de ser un pasaje seguro hacia una vida por encima de la línea de pobreza. Por el contrario, cada vez más personas se encuentran empleadas pero sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que convierte al trabajo en un mecanismo que apenas permite “administrar” la pobreza, sin ofrecer salidas reales. En este contexto, las decisiones económicas recientes profundizan la pérdida de poder adquisitivo y agravan el deterioro social que atraviesa a millones de argentinos.