El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional parece lejos de resolverse. Tras el veto presidencial al presupuesto aprobado por el Senado, el discurso de Javier Milei en el Congreso volvió a encender la polémica. En el Presupuesto 2025, las universidades recibieron una asignación significativamente menor a la que venían exigiendo. Según lo planteado por el mandatario, se destinarían $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado $7,2 billones. Ante esta situación, tanto rectores como federaciones que representan a los docentes y personal no docente, han reiterado su intención de movilizarse nuevamente en octubre.
El objetivo de esta nueva manifestación es ejercer presión sobre la Cámara de Diputados para que reconsidere el presupuesto universitario, a fin de contrarrestar el veto presidencial.
En relación a las cifras, Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, explicó que, al analizar el detalle del presupuesto, quedó en evidencia una diferencia significativa. “A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios», señaló Moriñigo. En sus declaraciones también expresó que no existe «una intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes», lo cual es crucial para, al menos, igualar la pérdida frente a la inflación. Según él, con este presupuesto, los salarios en 2025 permanecerían en el mismo nivel que el actual, sin siquiera considerar la inflación estimada en un 18%.
Ante este panorama, Moriñigo anunció que, tras una reunión con las federaciones que tuvo lugar el lunes, se decidió que el próximo martes, después de la reunión del CIN, se anunciarán las medidas a seguir, incluyendo una posible marcha en octubre. No obstante, dejó claro que ven poco probable que el Gobierno esté dispuesto a dialogar para modificar esta situación, ya que no han observado señales de apertura para resolver el conflicto.
A lo largo del año, el Gobierno ha realizado actualizaciones de las partidas presupuestarias destinadas a gastos de funcionamiento, aunque los sindicatos universitarios consideran que estas medidas han sido insuficientes. Los salarios de docentes, investigadores y personal administrativo no docente representan el 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento abarcan solo el 5%. A pesar de las actualizaciones parciales otorgadas por el Gobierno, como el 4% en junio, el 9% en mayo, el 8% en abril, el 12% en marzo y el 16% en febrero, sumado al 7% adicional en julio, los gremios continúan considerando que estas medidas no alcanzan a cubrir las necesidades de las universidades frente a la inflación actual y los desafíos financieros que enfrentan.