El martes, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, solicitó formalmente la detención de 29 barrabravas, a quienes se les imputa la responsabilidad de generar disturbios durante la marcha que tuvo lugar el miércoles pasado en los alrededores del Congreso de la Nación. A través de un mensaje en las redes sociales, Bullrich expresó con firmeza: «Tenemos pruebas y las presentamos», refiriéndose al respaldo que la Justicia tiene para proceder contra los implicados.
Este pedido fue formalizado el lunes por la tarde por Fernando Oscar Soto, quien se desempeña como director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional. La solicitud fue dirigida al fiscal porteño de la Unidad de Flagrancia Este, Santiago Almeida, y se presentaron «evidencias relativas» a los hechos que originaron la demanda del Gobierno contra los involucrados en los incidentes ocurridos durante la manifestación del 12 de marzo.
Bullrich, en su publicación en la red X, detalló que la causa iniciada incluye delitos como lesiones, daños y resistencia a la autoridad, entre otros. «Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas», manifestó, subrayando la gravedad de los actos cometidos.
En el escrito presentado ante la Justicia, Soto destacó que para realizar las identificaciones de los implicados, la Policía Federal (PFA) había obtenido más de 69 registros fílmicos y fotográficos, que luego fueron comparados con otros archivos para establecer la identidad de los individuos. Estos datos fueron organizados en dos informes elaborados por la División Individualización Criminal de la Policía Federal.
La lista de barrabravas identificados incluye nombres como Antonio Bernardo Colella, Fabio Darío Abandillo, José Antonio Pavón, César Rodrigo Sánchez, Francisco López Deluca, Juan Pablo Maximiliano Luján, Pablo Melo, Emanuel Andrés Díaz y Pablo Francisco Irigoyen, entre otros. La identificación de estas personas se logró mediante el análisis detallado de las imágenes recopiladas, que fueron utilizadas para corroborar su presencia en la marcha y su involucramiento en los disturbios.
En cuanto al proceso de identificación, la Policía Federal utilizó el sistema LUNA, un software especializado en reconocimiento facial. Este sistema toma imágenes del rostro de los individuos y las compara con bases de datos abiertas para determinar posibles coincidencias. «Un experto en análisis forense facial analiza el rostro y determina si hay características o rasgos coincidentes entre ambas comparaciones», explicó Soto, destacando la precisión de la herramienta para avanzar en la investigación.
La PFA también recibió material fílmico de la División Central Operativa de Video, que documentó los eventos ocurridos durante la manifestación. Sin embargo, Soto señaló que debido a la naturaleza dinámica de las imágenes, algunas de las identificaciones no fueron claras, lo que dificultó la captura exacta de las fisonomías de los sujetos involucrados.
Algunos de los barrabravas mencionados en la lista, como Ricardo Bouchet, quien tiene alrededor de 69 años, publicaron en sus redes sociales imágenes que demostraban su participación en la marcha. En su perfil, Bouchet compartió fotos de su recorrido en tren hacia la protesta, acompañado por personas con banderas argentinas, pero sin alusiones a clubes de fútbol. Después de los incidentes, el jubilado también expresó en las redes su rechazo a las fuerzas de seguridad y su compromiso de seguir participando en futuras manifestaciones.
Otro de los identificados es Víctor Hugo Avellaneda, residente en Tigre y simpatizante de Chacarita Juniors, quien también participó en la protesta y publicó fotos en su Facebook. Además, publicó un mensaje desafiante contra las fuerzas de seguridad y las autoridades, afirmando: «La lucha sigue, tus palos, gases y balas no nos van a asustar, peluca y Bullrich hdp».
En su presentación judicial, la Seguridad requirió la detención de las personas identificadas como posibles imputados por los incidentes ocurridos. Además, solicitó la liberación urgente de informes para determinar los domicilios de los acusados y la orden de allanamientos para obtener más pruebas que vinculen a los imputados con organizaciones ilícitas y barrabravas.