Preparándose para impulsar la ley ómnibus en el Congreso, Javier Milei ha adoptado una postura más firme con las provincias después de realizar ajustes al texto. Aunque el Gobierno libertario asegura haber cedido en todo lo posible, resalta que, a pesar de la eliminación del paquete fiscal original, se logrará la meta de déficit cero.
Sin embargo, según una encuesta realizada por Zuban Córdoba y Asociados, el 58% de la población se opone a que las provincias asuman el ajuste. A pesar de esta resistencia ciudadana, el Presidente insiste en recortar partidas en los diferentes distritos.
Fuentes cercanas al mandatario sugieren que las provincias experimentarán una «urgencia» mayor que el gobierno central, respaldando la idea de un ajuste más significativo a nivel provincial. Manuel Adorni, representante del Gobierno, asegura que se realizarán ajustes en todas las áreas, incluso en partidas que inicialmente se habían descartado.
La administración actual está considerando realizar ajustes en diversas áreas, como la reducción de subsidios a las tarifas, recortes presupuestarios en infraestructura y disminución de planes. Los funcionarios gubernamentales perciben que la oposición, incluso aquella dispuesta al diálogo, busca obstaculizar la ley, sin importar la razón.
Aunque se espera que el proyecto de ley siga su curso normal en el Parlamento, se contempla un «plan B» que incluye posibles «salidas constitucionales». Entre estas opciones se encuentra la posibilidad de un plebiscito o la implementación de reformas a través de decretos de necesidad y urgencia.
Desde el Gobierno, destacan que, a pesar de estas alternativas, confían en que el proyecto de ley avance. Aunque el plebiscito se considera como último recurso, los colaboradores gubernamentales subrayan que es un medio constitucional para exponer a los diputados ante la opinión pública.
Aunque la consulta popular no sería vinculante, se busca involucrar a los representantes en la decisión, mostrando transparencia y apertura hacia la voluntad de la ciudadanía. La batalla legislativa por la Ley Ómnibus está en marcha, convirtiendo al Congreso en el escenario de una lucha por encontrar un equilibrio entre las necesidades nacionales y la resistencia ciudadana.