Caso comedores: ordenan investigar a Pettovello por posible desvío de fondos

El fiscal federal Franco Picardi tomó la determinación de impulsar una investigación sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a raíz de presuntas irregularidades vinculadas a la compra de alimentos y a la transferencia de una suma multimillonaria a un organismo internacional. El foco de la denuncia está puesto en un proceso de licitación que, según se denuncia, presenta anomalías administrativas, y en una transferencia de 14.000 millones de pesos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), todo en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.

Picardi detalló en su dictamen que si bien la denuncia tiene como principal señalada a Pettovello, no se descarta que con el avance de las averiguaciones surjan nuevas responsabilidades o personas involucradas. Solicitó además al Poder Ejecutivo que se remita toda la normativa relacionada con la Resolución RESOL-2024-30-APN-MCH, firmada el 8 de febrero de 2024, con la que se habilitó la millonaria transferencia al PNUD.

La fiscalía también pidió información precisa al organismo internacional sobre el destino y control de esos fondos, haciendo especial hincapié en la trazabilidad de los recursos ya asignados. Este seguimiento del uso de los fondos es considerado clave por el fiscal para determinar si efectivamente se ajustó a los fines previstos o si hubo algún desvío de los objetivos originales.

La denuncia judicial, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, plantea que la ministra podría haber incurrido en delitos como malversación de fondos públicos y violación de sus deberes como funcionaria. En su presentación, el abogado sostiene que el Ministerio de Capital Humano transfirió 14 mil millones de pesos al PNUD para que el organismo se encargara de comprar alimentos secos —como arroz, fideos y leche en polvo— destinados a comedores sociales. Sin embargo, el proceso de licitación no habría llegado a concretarse, y no se habrían distribuido los alimentos previstos.

El fiscal tomó el caso luego de que el Juzgado Federal N°12 recibiera la denuncia y la remitiera a su fiscalía para evaluar si debía iniciarse una causa penal. Picardi respondió afirmativamente, solicitando al juzgado que se considerara formalmente iniciada la instrucción del caso y que se ordenara la recolección de pruebas.

Martínez Herrero denunció que la resolución mediante la cual se aprobó la transferencia fue firmada únicamente por Pettovello y que, de acuerdo a las leyes administrativas vigentes, los funcionarios no pueden aprobar por su cuenta sumas superiores a los 2.700 millones de pesos sin el aval y la firma de la Jefatura de Gabinete. Según el denunciante, al autorizar por sí sola una suma más de cinco veces superior a ese límite, la ministra habría excedido sus atribuciones.

La denuncia también cuestiona el cambio en la modalidad de compra. Anteriormente, las adquisiciones se hacían directamente desde el Ministerio o a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que si bien colabora con distintas iniciativas, no tiene el estatus de organismo internacional como sí lo tiene el PNUD. En este caso, se habría decidido canalizar la compra a través del PNUD, pero sin que se hubiera completado adecuadamente el proceso licitatorio. Además, ya se habrían pagado comisiones por 420 millones de pesos, aunque no se concretó ninguna entrega.

El texto de la resolución firmada por Pettovello justificaba la intervención del organismo internacional en la compra de alimentos como un mecanismo para asegurar el acceso a productos esenciales en comunidades vulnerables, en especial cuando los procesos locales de compra resultan fallidos o desiertos. El programa en cuestión, denominado “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre – PNUD ARG/20/004”, tiene como objetivo facilitar financiamiento y provisión alimentaria a organizaciones sociales que brindan asistencia directa a personas en situación de precariedad.

La crítica del abogado apuntó también a que desde el inicio de la gestión de Pettovello se suspendieron entregas regulares de alimentos a comedores sociales administrados por movimientos populares. Esto ha generado preocupación en distintos sectores sociales y también en el propio PNUD, que, según indica la denuncia, estaría atravesando un escenario de incertidumbre respecto de los pasos a seguir.

El programa «Abordaje Comunitario» es una política pública de largo aliento, con más de quince años de historia, surgida como respuesta a las consecuencias sociales de la crisis económica de 2001. Ha sido una herramienta clave para canalizar asistencia a comedores comunitarios mediante convenios con organismos como el PNUD, que actúan como intermediarios en el uso de fondos estatales.

El escrito judicial también revela que el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María De la Torre —quien luego presentó su renuncia—, había firmado la invitación al llamado a licitación que nunca avanzó. Esto añade más elementos de análisis a un caso que podría derivar en una causa judicial de alto perfil político y administrativo.

Finalmente, según la presentación de Herrero, a pesar de que el dinero fue transferido y las comisiones abonadas en abril, el proceso para adquirir los alimentos sigue estancado. Desde el PNUD, habría creciente preocupación sobre cómo proceder ante la inacción del Estado argentino, y qué hacer con los fondos asignados. Mientras tanto, comedores y merenderos continúan a la espera de una asistencia que, por el momento, no se ha materializado.