La Justicia Federal en Santiago del Estero llevó a cabo 13 allanamientos que culminaron con la detención de al menos 6 miembros de Gendarmería y 4 civiles. Estos individuos están acusados de participar en una organización criminal dedicada al contrabando de mercancías valuadas en más de 150 millones de pesos.
Gendarmes detenidos. Foto: nuevodiarioweb
La investigación se inició hace siete meses después de una denuncia que involucraba a miembros de la Gendarmería y civiles en delitos como la retención de mercancías procedentes de Bolivia y Paraguay, la falsificación de la cantidad de neumáticos incautados en contrabando, la colaboración con comerciantes para la venta de productos ilegales y la realización de negocios con tiendas en Buenos Aires.
Esta investigación está siendo llevada a cabo por el titular del Juzgado Federal Nº 1, Guillermo Molinari, y la fiscal Indiana Garzón. También interviene la Secretaría de Derechos Humanos por Violencia Institucional, a cargo de Ana Karina Farías.
Las detenciones de los seis gendarmes se llevaron a cabo en distintas localidades de Santiago del Estero, incluyendo Pinto (Aguirre), Quimilí (Moreno) y la capital de la provincia. Los nombres de los detenidos son Cristian Germán Torres, primer alférez; Agostina Magalí Rodríguez, subalférez; Marcelo Alejandro Cardozo, sargento ayudante; Roberto Oscar Ricalde, sargento; Héctor Darío Buera, sargento, y Fabián Edgardo Solís, cabo 1º.
Además de los gendarmes, también se detuvo al civil Franco Javier Laviña, así como a dos individuos apellidados Nazar y Soria Mazarelli, cuya abogada, Aída Farrán Serlé, indicó que estos dos se presentarían a la justicia. Se menciona que uno de ellos está internado y el otro sería llevado a Gendarmería.
La causa implica delitos como «cohecho, coimas, robo y extorsión», presuntamente atribuidos a una docena de gendarmes. Se han realizado allanamientos en los que se incautaron vehículos, millones de pesos y dólares, teléfonos celulares, neumáticos y otros bienes. Los allanamientos continúan desarrollándose, y se espera que proporcionen estimaciones más precisas de la magnitud de los delitos.
Se ha informado que la investigación se basa en numerosos testimonios que indican que un grupo de gendarmes se quedaba con mercancías confiscadas durante procedimientos. Se habría llegado a acuerdos con los responsables de los depósitos para inflar las cantidades registradas en las actas.
Este esquema se aplicaba a una variedad de mercancías, especialmente las que provenían de Bolivia. Además, algunos gendarmes son acusados de recibir sobornos de parte de los tours de compras. Al parecer, existían tres «puestos de peaje» donde los conductores debían pagar sumas importantes para poder pasar al país vecino sin riesgo de perder su mercancía.
Además de estas acusaciones, la investigación destaca la venta de mercancías, especialmente bebidas alcohólicas, a comercios en la provincia de Buenos Aires. Los operativos de allanamiento continúan, y se espera que se proporcionen estimaciones más precisas en los próximos días.
El secretismo ha rodeado esta investigación, ya que se pretende asestar un fuerte golpe a ciertos miembros de la Gendarmería, con quienes trabajan los investigadores a diario. En medio de los allanamientos, la esposa de uno de los imputados habría prendido fuego un local que funcionaba en su propia vivienda, y se ha registrado la incautación de dinero y bienes valorados en más de $30 millones en ese local.
La magnitud de los operativos ha causado sorpresa entre los testigos, y se espera que las estimaciones finales se proporcionen una vez que concluyan todos los allanamientos.