Los gobernadores argentinos continúan en su búsqueda de recaudar fondos del sector privado, sin importar los medios utilizados. Esta práctica ha sido comparada con métodos medievales y ha sido objeto de críticas, incluso por parte de la Corte Suprema de Justicia, como fue el caso del municipio de Río Cuarto en Córdoba.
Ante la falta de apoyo financiero del presidente Javier Milei para cubrir el déficit fiscal crónico de las provincias argentinas, los gobernadores han intensificado la presión sobre sus ciudadanos. Una de las medidas más controversiales es la imposición de impuestos a los camioneros y a quienes transportan mercadería por los territorios provinciales, a pesar de que estos productos ya hayan sido gravados en sus lugares de origen, que no son países extranjeros sino otras jurisdicciones argentinas.
Recientemente, la provincia de Jujuy, bajo el gobierno de Carlos Sadir, se sumó a esta tendencia al implementar un régimen de pago a cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos en el momento de ingreso o egreso de mercaderías, con la posibilidad de decomisar la mercancía en el puesto fronterizo en caso de incumplimiento.
Esta práctica cuestiona el derecho constitucional fundamental de libertad de circulación dentro del país, una garantía establecida desde la Constitución de 1853 y mantenida en la de 1994, que prohíbe la fijación de aduanas interiores y la imposición de tributos que restrinjan la circulación de mercaderías o personas dentro de la República Argentina.
A pesar de los fallos judiciales en contra de estos impuestos disfrazados, que encarecen los precios de bienes y servicios para los consumidores finales, algunos gobernadores persisten en su aplicación. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia falló recientemente contra el municipio cordobés de Río Cuarto, confirmando la inconstitucionalidad de un tributo municipal.
Es evidente que la avidez fiscal de las provincias argentinas no tiene límites, y a pesar de los reiterados llamados a respetar la Constitución Nacional, algunos gobernadores continúan con prácticas que limitan la libre circulación de mercaderías y violan los principios democráticos básicos.