Una enfermera identificada como Brenda Agüero fue sentenciada a prisión perpetua luego de haber sido hallada responsable de provocar la muerte de cinco recién nacidos y de ocasionar lesiones a otros trece bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, ubicado en la ciudad de Córdoba. La condena fue dictada por un jurado popular tras una extensa deliberación que se prolongó durante diez horas, en el marco de un proceso judicial de alto impacto social y mediático.
Agüero, de 29 años, fue considerada culpable del delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso, reiterado en un contexto de serialidad criminal”, en base a las pruebas que la vinculan con la administración intencional de inyecciones de potasio a los bebés entre marzo y junio del año 2022. Esta acusación no solo la responsabiliza por las muertes, sino también por las lesiones ocasionadas a otros recién nacidos.
Durante el juicio también fueron juzgados otros exfuncionarios y profesionales del ámbito de la salud. Entre ellos, el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, fue absuelto, aunque dicha resolución no contó con la totalidad del respaldo del jurado. En contraste, otras figuras vinculadas al caso sí recibieron sentencias condenatorias. Liliana Asís y Alejandro Escudero Salama fueron sentenciados a cinco años y cuatro meses de prisión, mientras que Marta Gómez recibió una condena de cinco años. Por su parte, Luisa Moralez y Pablo Carvajal obtuvieron condenas de cinco y cuatro años respectivamente, aunque en ambos casos de cumplimiento en suspenso. En tanto, fueron absueltos la médica María Alejandra Luján, la enfermera Alicia Ariza y el exsecretario de Legales, Alejandro Gauto.
Durante una de sus últimas apariciones ante el tribunal, Agüero se defendió afirmando su inocencia. En una exposición de casi veinte minutos, aseguró con firmeza: “Jamás le hice daño a ninguna persona, mucho menos a un bebé”. La enfermera sostuvo que lleva casi tres años detenida por hechos que asegura no haber cometido y que no logra comprender cómo explicarse para que le crean. Además, criticó el enfoque del Ministerio Público Fiscal y de la querella, al manifestar que fue constantemente juzgada por su actitud y su comportamiento durante el proceso judicial.
Su abogado defensor, Gustavo Nievas, subrayó la claridad y templanza de la declaración, argumentando que su cliente aprovechó el momento para desmentir numerosas afirmaciones que se hicieron en su contra durante el juicio. A su vez, Agüero apuntó contra lo que consideró una actitud hostil por parte de la fiscalía y los representantes de las familias de las víctimas, lo que habría motivado la decisión de no responder preguntas durante el proceso.
Incluso, cuestionó algunas de las declaraciones de las madres de los bebés fallecidos, sugiriendo que ciertos testimonios no reflejaban fielmente los hechos. Finalmente, expresó el impacto devastador que esta situación ha tenido sobre su vida, declarando: “A mí ya me mataron en vida. Más allá del fallo, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera me espera una vida destruida”.
El caso, que generó una gran conmoción pública y mediática, no sólo puso en el centro de la escena judicial a Agüero, sino también al funcionamiento interno del sistema de salud público y al accionar de las autoridades en situaciones críticas. La condena marca un hito por la gravedad de los hechos, el perfil de la imputada y la dimensión del daño causado.