Cripto escándalo: un enviado del Gobierno busca pactar en silencio con afectados por $LIBRA para frenar el conflicto

En medio de un entramado político, judicial y financiero que lleva meses generando tensión, un abogado de máxima confianza de Karina Milei se convirtió en el canal de diálogo que el oficialismo estaría utilizando para intentar frenar el impacto del caso $LIBRA. Según allegados a las negociaciones, ese emisario —Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza— abrió conversaciones reservadas con representantes de los inversores que aseguran haber sido perjudicados por el colapso del criptoactivo. La intención sería llegar a un acuerdo económico: compensar en dólares a los damnificados a cambio de que desistan de avanzar en Comodoro Py contra el presidente Javier Milei.

Karina Milei y Santiago Viola /FABIÁNMARELLI

Aunque estas tratativas se mantienen en un plano estrictamente informal, se iniciaron hace algunas semanas en Buenos Aires y abarcan a actores de peso dentro del universo libertario. Las fuentes señalan que Viola habría sido contactado a través de Darío Wasserman, actual vicepresidente del Banco Nación y pareja de la legisladora Pilar Ramírez, ambos estrechamente vinculados a los hermanos Milei. Tres fuentes distintas afirman que Wasserman fue quien conectó al abogado con los emisarios de inversores argentinos afectados por la operatoria protagonizada por Hayden Davis —el impulsor estadounidense del proyecto— junto a los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, cuyo esquema se potenció después del posteo presidencial del 14 de febrero.

Por parte de los inversores, uno de los intermediarios más activos sería el consultor en comunicación Gastón Douek, quien trabaja con el equipo legal que lleva adelante la acción contra Milei y señala que las pruebas son “más que contundentes”. No obstante, se mantiene dispuesto a explorar alternativas negociadas.

El sentido de estas conversaciones quedó sintetizado por uno de los informantes: “La premisa es que la Casa Rosada puede negar que buscan solucionar con dinero lo que pasó. Pero Viola cuenta con el aval de Karina para moverse”. A ello añadió que el objetivo central sería que, si se llega a un acuerdo con los damnificados, “al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa’”.

Consultado por La Nación, el entorno de Viola evitó confirmar o negar la existencia de estos contactos. Sí afirmaron que el abogado “no es funcionario del Gobierno, ni tuvo una reunión directa con la querella”, pero advirtieron que “la condición insoslayable para hablar es que primero despeguen al Presidente [del caso $LIBRA] porque no cometió ningún delito”. Recién “despejado ese punto se puede discutir si es viable lo demás”. Wasserman, por su parte, negó de plano cualquier participación: “No sé quiénes son”, afirmó sobre los letrados de los inversores. “Nunca los escuché, ni los vi”.

Intentos previos de un arreglo extrajudicial

El camino hacia una salida negociada había sido explorado varias veces antes de la irrupción de Viola. La primera aproximación surgió cuando se abrió la investigación penal en la Argentina y la defensa de Hayden Davis tanteó la posibilidad de extinguir la acción penal mediante una reparación económica integral. En junio, el propio Davis evaluó depositar cerca de US$100 millones en Comodoro Py para cerrar su frente judicial. Pero el avance chocó con dilemas jurisdiccionales: “¿Dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”, planteó una de las fuentes. A ello se sumaba que solo un pequeño grupo de inversores había formalizado denuncias, lo que dejaba abierta la posibilidad de resolver montos relativamente bajos.

Otro intento se dio durante mayo, cuando los abogados de más de treinta damnificados, Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, llevaron adelante una mediación con las defensas de Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales —ex asesor de la CNV—. Pero esa vía también quedó truncada. Y en junio se produjo el tercer movimiento: un colaborador de Fernando Burlando contactó a Marcos Salt, defensor de Davis en Buenos Aires. Esa gestión tampoco prosperó debido a la resistencia de algunos actores a asumir el “fronting”, es decir, ponerse al frente del acuerdo y exponerse a responder por los fondos.

Ya en las conversaciones actuales, Viola impuso otra condición: Burlando debía ser apartado. Según confirmaron fuentes cercanas al abogado libertario, ese pedido se fundamentaba, entre otras razones, en que Burlando había sido candidato en la provincia de Buenos Aires compitiendo contra La Libertad Avanza. De acuerdo con el mismo entorno, “lo apartaron, a lo cual accedió para ver si encontraban una solución; y como no se concretó, ahora volvió”.

El rol de Viola dentro del dispositivo libertario

Viola, con línea directa a Karina Milei y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, funciona como una pieza clave dentro del engranaje libertario para misiones delicadas que requieren discreción. No es la primera vez que se involucra en crisis internas: de hecho, ya había intervenido para buscar una solución pactada en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante el escándalo por audios filtrados de su entonces titular, Diego Spagnuolo.

En su trayectoria personal, el abogado también atravesó situaciones judiciales complejas que logró superar. En 2017, el juez Sebastián Casanello lo denunció, junto al exfiscal y exagente de la AFI Edgardo Miragaya, por supuestamente montar una operación con testigos falsos para apartarlo de la causa por lavado contra Lázaro Báez. Los testigos terminaron condenados en 2020, pero en 2021 la Cámara de Casación benefició a Viola y Miragaya.

Hoy su misión principal es lograr que los querellantes retiren cualquier vinculación directa entre Javier Milei y el lanzamiento del criptoactivo. Eso implicaría desvincular al Presidente de Davis, Novelli y Terrones Godoy, así como de las acusaciones por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública impulsadas por organizaciones civiles en abril.

Las denuncias que apuntan al Presidente

La acusación contra Milei fue presentada por el Inecip y el Cipce, a través de sus directores Julián Alfie y Pedro Biscay. Según su planteo, la “memecoin” $LIBRA expone “un caso excepcional de corrupción”, ya que consideran que la evidencia disponible lo demostraría “ya acreditado casi en su totalidad”. En su escrito de 43 páginas, sostuvieron que el Presidente incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo al promocionar un emprendimiento privado desde sus redes sociales, concretamente “Viva la Libertad Project”.

“El hecho ilícito imputado al Presidente de la Nación, Javier Milei, radica en haber promocionado públicamente un negocio comercial totalmente ajeno a los fines legítimos de la administración pública”, señalaron. Esa acción, afirmaron, derivó en fomentar “una supuesta inversión basada en la colocación de ahorros del público en una memecoin, una práctica altamente especulativa y sin respaldo institucional”.

El punto que bloquea cualquier avance

De acuerdo con quienes participan de las tratativas, junto al entorno de Viola sostienen que existe una condición inamovible: las querellas deben desistir de involucrar al Presidente. Recién en ese escenario podrían avanzar esfuerzos para negociar con Davis, Novelli y Terrones Godoy, quienes a su vez podrían explorar fórmulas para indemnizar a los perjudicados y evitar consecuencias penales mayores.

Pero incluso si se lograra un esquema de resarcimiento, permanece sin resolver el problema central del “fronting”. ¿Quién se haría cargo formalmente de representar ante la Justicia y ante los inversores la reparación económica, y de qué origen saldrían esos fondos? Algunas versiones señalan que una plataforma podría llegar a asumir ese papel —se mencionó el nombre de Ripio, la principal empresa cripto de América Latina—, aunque la alternativa genera rechazo por los riesgos reputacionales y legales que implicaría.

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene respuesta clara, y el caso $LIBRA sigue siendo un foco abierto para el oficialismo.