Debaten en el Senado el aumento a jubilados y la prórroga de la moratoria en medio de fuertes cruces

Este jueves, el Senado de la Nación lleva adelante una sesión extraordinaria marcada por el desacuerdo político generalizado, lo que la convierte en un nuevo punto de tensión entre el Poder Legislativo y el Gobierno nacional. La jornada fue habilitada gracias a una autoconvocatoria impulsada por el bloque de Unión por la Patria (UP) en conjunto con otras fuerzas opositoras, quienes lograron reunir el quórum necesario —42 senadores presentes— mientras otros 30 legisladores decidieron no asistir.

La agenda del día anticipa un debate extenso y polémico, ya que incluye temas que generan fricción tanto dentro del Congreso como con el Ejecutivo: la mejora en los haberes jubilatorios, la restitución de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en el área de discapacidad, un proyecto similar para Bahía Blanca, y propuestas fiscales impulsadas por mandatarios provinciales.

Cabe destacar que, hasta último momento, el quórum no estaba garantizado. Algunos gobernadores de provincias que mantienen diálogo con el Ejecutivo condicionaban su apoyo a los asuntos estrictamente vinculados a sus territorios, evitando comprometerse con iniciativas de mayor alcance nacional, como las referidas a jubilaciones.

Desde el inicio, el ambiente se tornó conflictivo debido al orden propuesto para el tratamiento de los proyectos. Ezequiel Atauche, jefe del bloque oficialista de La Libertad Avanza, denunció que se estaba violando el reglamento del Senado al desarrollar una sesión “sin legitimidad legal ni institucional”, acusando a los impulsores de querer modificar de facto las normas con mayorías circunstanciales.

Por su parte, UP propuso que se comenzara con los proyectos sociales —aumento de las jubilaciones, la moratoria y la emergencia en discapacidad— para luego continuar con otros temas, como la situación de Bahía Blanca, la impugnación del fallo de la jueza Loretta Preska por el caso YPF, y finalmente, los reclamos provinciales respecto a la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Desde la UCR, Eduardo Vischi presentó una visión distinta, estableciendo como prioridad tratar primero la cuestión del fallo contra YPF, seguido por los temas de emergencia, coparticipación y, recién entonces, los puntos vinculados a la seguridad social. Estas diferencias evidencian que incluso entre quienes impulsaron la convocatoria hay desacuerdos importantes.

En paralelo, legisladores de UP ya avisaron que si no se aprueban los proyectos que buscan atender las necesidades de jubilados y personas con discapacidad, entonces no acompañarán las iniciativas promovidas por los gobernadores, como los ATN y la coparticipación, que requieren una mayoría calificada (dos tercios) para avanzar. Esta situación le agrega una cuota de tensión adicional a la sesión, ya que el mantenimiento del quórum será clave para que no se caiga el debate.

Previamente, un grupo conformado por senadores de UP, los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y la larretista Guadalupe Tagliaferri, se había reunido para conformar la Comisión de Presupuesto y emitir dictámenes sobre los proyectos mencionados. Sin embargo, esos dictámenes son desconocidos por el oficialismo por supuestamente incumplir el reglamento, y podrían derivar en impugnaciones legales futuras si el procedimiento no se corrige.

Desde la Casa Rosada miran con preocupación este avance legislativo. El Gobierno ya avisó que vetará cualquier ley que implique un incremento en el gasto público que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. En este sentido, desde el Ejecutivo aseguran que no convalidarán decisiones que contradigan el relato oficial del “ajuste responsable”.

La reunión que precedió a la sesión no fue formalmente reconocida como Labor Parlamentaria. Por ello, cada bancada deberá actuar con independencia, defendiendo su posición con los votos que logre reunir al momento del debate. «Acá gana el que tenga los números», resumió sin rodeos un senador peronista, aunque admitiendo que las diferencias dentro del bloque opositor podrían generar sorpresas. Algunos de los legisladores más dialoguistas ya dejaron en claro que no avalarán la moratoria previsional y que pretenden modificar varios artículos del proyecto que actualiza las jubilaciones.

Uno de ellos, al finalizar el encuentro informal, fue directo: “No voto la moratoria. Y a la fórmula jubilatoria hay que corregirle cosas. El jueves va a estar picante el recinto”.

El conflicto aumenta porque, antes de votar los proyectos en sí, los senadores deberán decidir si validan los dictámenes obtenidos en la comisión, pese a que no fueron refrendados por las autoridades formales del Senado. Esto abre un frente jurídico adicional, dado que si no se ajusta el proceso, podrían presentarse impugnaciones judiciales que compliquen la entrada en vigencia de cualquier ley que se sancione hoy.

Por otro lado, los gobernadores insisten con la necesidad de modificar el sistema de asignación de los Aportes del Tesoro Nacional, solicitando una distribución automática y diaria, además de cambios en el reparto del impuesto a los combustibles, lo cual incluye el desmantelamiento de diversos fideicomisos actualmente gestionados por el Estado nacional.

Más allá de las cuestiones económicas y sociales, también se espera que el cuerpo emita un pronunciamiento simbólico sobre el litigio por YPF, en un intento por dejar en claro su postura institucional frente a decisiones judiciales extranjeras que afectan activos del Estado.

En definitiva, la sesión de este jueves se perfila como una prueba de fuego para medir el poder de fuego del Congreso frente al Gobierno de Javier Milei. Con un temario amplio, sin acuerdos previos y con múltiples tensiones internas, se verá si los legisladores logran avanzar con sus propuestas, o si el oficialismo logra bloquear lo que considera una amenaza al equilibrio fiscal.