La familia de Ian Moche, un joven activista de apenas 12 años comprometido con la defensa de los derechos de las personas neurodivergentes, inició acciones legales contra el presidente Javier Milei, luego de que este compartiera un mensaje en la red social X (antes Twitter) que consideran ofensivo y perjudicial. La publicación en cuestión, realizada el 1° de junio desde la cuenta oficial del mandatario, generó una ola de críticas por parte de distintos sectores y motivó la respuesta inmediata del entorno de Ian, que interpretó el posteo como una forma de hostigamiento público hacia un menor de edad.
El incidente se originó tras una entrevista televisiva en la que Ian y su madre relataron el contenido de una reunión privada mantenida en marzo con Diego Spagnuolo, actual titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esa ocasión, según el testimonio de la familia, el funcionario habría manifestado que “tener un hijo con discapacidad es un problema de la familia, no del Estado”. Este comentario fue duramente criticado por Ian en los medios, donde también expresó su decepción frente a la falta de compromiso institucional hacia las personas con discapacidad.
La publicación de Javier Milei, que provocó la reacción legal, consistió en un reposteo donde apuntó indirectamente contra Ian y su madre, al acusar al periodista Paulino Rodríguez de operar “en contra del Gobierno”, tras haber difundido el testimonio del menor. El mensaje decía textualmente: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla…”, en referencia despectiva al comunicador y a sus contenidos. Aunque no se menciona a Ian directamente por nombre, el contexto fue interpretado por la familia como una respuesta velada y agresiva hacia el niño.
La denuncia fue presentada en la Justicia con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien solicitó que se ordene la eliminación del mensaje por considerar que vulnera claramente “el principio del interés superior del niño”, consagrado en tratados internacionales de derechos humanos. Además, el abogado reclamó que se le impida al Presidente realizar en el futuro publicaciones similares que involucren o afecten a menores de edad.
En la demanda, Ian dejó en claro que su compromiso con la causa no tiene motivaciones políticas ni vínculos con partidos u organizaciones. Explicó que desde el año 2022 viene desarrollando una intensa actividad de concientización y educación sobre el autismo, diagnóstico que él mismo recibió, y que junto a su familia recorre distintas provincias argentinas brindando charlas y talleres, como una forma de generar empatía y apoyo para otras familias en situaciones similares. “No pertenezco a ninguna fundación ni asociación. Junto a mi familia somos la primera en abordar el autismo desde una perspectiva de acompañamiento familiar en todo el país”, remarcó.
La acción judicial también solicita que se declare la gravedad institucional del caso, dada la alta investidura del denunciado y el impacto que sus palabras pueden tener sobre la salud emocional y la integridad de un niño. A su vez, hace hincapié en que el contenido fue publicado desde una cuenta oficial verificada del Presidente de la Nación, lo que agrava el alcance del mensaje, ya que no se trata de una simple opinión personal, sino de una expresión emitida desde el máximo nivel del poder ejecutivo.
Finalmente, la familia insiste en que este tipo de actos por parte de figuras públicas pueden tener efectos negativos no solo sobre Ian, sino sobre toda la comunidad de personas neurodivergentes que luchan día a día contra el estigma, la desinformación y la discriminación. La causa se encuentra ahora en manos del Poder Judicial, que deberá resolver si el mensaje presidencial configura una violación a los derechos del niño y si corresponde ordenar su eliminación y aplicar medidas para evitar que hechos similares se repitan.