Diversos organismos de derechos humanos hicieron pública este lunes una fuerte presentación judicial en la que responsabilizan al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la comisión de crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Al mismo tiempo, aprovecharon para cuestionar al presidente argentino Javier Milei, a quien señalaron como “cómplice de esa política criminal”.
En el comunicado que acompañó la denuncia, las organizaciones remarcaron que “bajo el argumento de responder al brutal ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí viene desplegando un ataque masivo y sistemático contra el pueblo palestino, sin precedentes en la historia contemporánea, cuyas secuelas están a la vista y son atroces”. Los firmantes añadieron que “en lo que va del inicio del conflicto, decenas de miles de personas han perdido la vida como consecuencia de los bombardeos de las fuerzas israelíes”. También destacaron que “más de un millón de personas han sido desplazadas y miles padecen los efectos del cerco establecido por el gobierno israelí, en toda la Franja de Gaza que impide el acceso a medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria”.
La declaración subrayó, además, que “la comunidad internacional se ha expresado en masivas movilizaciones, reclamando el cese del fuego, y que se garantice el derecho inalienable a la vida del pueblo palestino”. En el mismo sentido, se hizo hincapié en que “vastos sectores de la sociedad israelí se ha manifestado por la paz y la concreción de acuerdos que pongan fin a este dilatado conflicto y que finalmente se concrete el retorno inmediato de todos los rehenes bajo control de Hamas”. No obstante, denunciaron que “el gobierno de Netanyahu ha hecho oídos sordos a ese clamor generalizado y ha recrudecido su política de exterminio contra el pueblo palestino”.
En relación con la situación que se vive en Gaza, el texto acusatorio señaló con dureza que “las imágenes hablan por sí solas, infraestructuras civiles, refugios y escuelas, instalaciones sanitarias, hospitales, centrales de energía y fuentes de agua y saneamiento, han sido bombardeadas desde el aire o atacadas por tierra, y en su mayoría se encuentran inoperables, lo que torna imposible la subsistencia”. El comunicado añadió que “esa durísima realidad genera además condiciones propicias para el brote de enfermedades de las más variadas, que obviamente en ese escenario no pueden ser atendidas, y las víctimas (enfermos, heridos o mutilados) se encuentran librados a su suerte”. La conclusión de este apartado fue categórica: “Dolorosamente, el final suele ser, en la mayoría de los casos, la muerte”.
El documento fue rubricado por un amplio abanico de referentes del movimiento de derechos humanos en Argentina: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a través de Lidia E. M. Miy Uranga (Taty Almeida); el Servicio Paz y Justicia, encabezado por Adolfo Pérez Esquivel; la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, representada por Vera Jarach; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la firma de Eduardo Tavani; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, en voz de Cristina Muro; y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, con Malena Silveyra. También sumaron sus adhesiones la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, por Mabel Careaga; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, por Luis M. Alman Bornes; APDH La Matanza, por Beatriz Capdevila; la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, a través de Adriana S. Taboada; y la Asociación Buena Memoria, en la figura de Gabriela Alegre.
Los firmantes recordaron en su pronunciamiento que “el pueblo y los organismos de derechos humanos de Argentina conocen en carne propia las implicancias que tiene los crímenes de masa”. En esa línea, evocaron el golpe militar de 1976 y remarcaron: “a poco de cumplirse 50 años del golpe genocida de marzo de 1976, donde están ni qué hicieron con los miles de detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar que asoló nuestro país. Y cerca de 300 niños y niñas apropiadas continúan sin conocer su verdadera historia”.
El comunicado remarcó también que “la sociedad argentina sabe además el valor superlativo que tiene la visibilización y la denuncia de esos crímenes, y la importancia de la solidaridad internacional de aquellos pueblos que asumen como propias las injusticias de otros, allí donde suceden”. Y recordaron que “la violación del derecho a la vida, a la dignidad humana y a la libre determinación de los pueblos, en cualquier lugar en que se produzca, no puede sernos indiferente, tal y como los sobrevivientes de la shoah supieron enseñarle al mundo”.
El mensaje concluyó con un llamado a la acción global, en el que los organismos insistieron: “Por eso sostienen NUNCA MÁS EL SILENCIO ante esas violaciones. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES, y llaman a que toda la humanidad se una en un grito que pueda sacudir las conciencias aún dormidas. BASTA DE MUERTE Y DESTRUCCIÓN, LA PAZ ES URGENTE Y ES YA”.