Denuncian que Gendarmería bloqueó el acceso al Congreso a personas con discapacidad

Diversas asociaciones y entidades que representan a personas con discapacidad hicieron públicas sus denuncias contra Gendarmería Nacional, acusando a la fuerza de seguridad de implementar controles en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de impedir que delegaciones provenientes de la provincia pudieran arribar al Congreso de la Nación. El objetivo de los manifestantes era participar de una concentración en apoyo al tratamiento legislativo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Esta normativa estaba siendo debatida en la Cámara de Diputados como parte de una jornada de sesiones centradas en cuestiones sociales clave, como el reajuste de haberes jubilatorios, la extensión de la moratoria previsional y la discusión sobre el otorgamiento de bonos adicionales. La protesta de ese día adquirió una dimensión multisectorial, con la presencia de agrupaciones de defensa de personas con discapacidad, organizaciones sindicales, científicos, estudiantes, trabajadores de la salud del Hospital Garrahan y también del movimiento feminista Ni Una Menos, todos unificados por el reclamo común contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

En ese marco, Silvia —acompañante terapéutica y madre de un niño con discapacidad— relató en una entrevista el episodio que vivió junto a un grupo de 20 personas cuando se trasladaban desde Moreno, en la provincia de Buenos Aires, hacia el centro porteño. El contingente, que se movilizaba en dos combis, fue interceptado en plena autopista del Oeste por personal de Gendarmería. “Nos detuvieron sin justificación clara. Revisaron la documentación de los vehículos, que estaba en regla, ya que eran los mismos transportes que usamos habitualmente para movilizar a los chicos. Luego exigieron hojas de ruta como si estuviéramos en una excursión, y cuando supieron que íbamos al Congreso, nos negaron el paso”, relató.

La situación escaló cuando los gendarmes les ordenaron que todos descendieran de las combis, a pesar de que había menores presentes. La directora de la institución se negó, priorizando la seguridad de los niños, pero igualmente las unidades fueron escoltadas de regreso a su punto de partida por una camioneta de la fuerza, lo que generó profunda indignación entre los presentes. “Nos trataron como si fuéramos delincuentes solo por querer manifestarnos de forma pacífica. Fue doloroso e injusto. Queríamos alzar la voz por los derechos de nuestros hijos y pacientes, pero no nos permitieron siquiera llegar a destino”, lamentó Silvia.

Las consecuencias emocionales no se hicieron esperar. Según detalló la acompañante terapéutica, muchos de los niños terminaron la jornada angustiados y confundidos. “Algunos decían que la policía era mala, otros expresaban su enojo y tristeza. Nosotros, los adultos, tuvimos que hacer un enorme esfuerzo para contenerlos emocionalmente”, agregó.

En cuanto a la situación que enfrentan los profesionales del sector, Silvia explicó que muchos terapeutas perciben ingresos mensuales cercanos a los 300 mil pesos, con actualizaciones salariales ínfimas —del 0,5%—, lo que hace imposible cubrir las necesidades básicas. “No se aprueban nuevas prestaciones y muchos chicos ya se quedaron sin terapias esenciales. Es un desamparo absoluto”, sostuvo.

Ante la posibilidad de que el Gobierno vete la ley que busca declarar la emergencia en discapacidad, la profesional se mostró desolada. “¿Qué se supone que hagamos? Si esta ley no avanza, muchos vamos a tener que abandonar la atención terapéutica y buscar otra forma de subsistencia. Y eso implica que numerosos niños perderán su atención y quedarán sin apoyo. Con estos sueldos, es imposible pagar un alquiler o sostener un tratamiento médico. Las familias están completamente desprotegidas”, concluyó con preocupación.