Detuvieron a Juan Grabois tras ingresar al Instituto Juan Domingo Perón, en medio de denuncias por ausencia de orden judicial

Luego del anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, una institución dedicada a la investigación histórica y política desde 1997 en el barrio porteño de Recoleta, el dirigente social y abogado Juan Grabois protagonizó una acción que terminó con su detención. El hecho ocurrió este sábado por la tarde cuando Grabois, acompañado por aproximadamente cincuenta personas, entre las que se encontraban militantes juveniles y legisladores del espacio Frente Patria Grande, ingresó al edificio donde funcionaba dicho instituto con el objetivo de “recuperarlo”, en respuesta a lo que consideró una injusta disolución ordenada por el Ministerio de Capital Humano. La clausura, según denunciaron, pondría en riesgo el empleo de quienes trabajaban allí y la conservación del acervo histórico resguardado en el lugar.

La irrupción ocurrió en la calle Austria al 2500, y alrededor de las 17 horas un operativo de la Policía Federal arribó al sitio. Sin que mediara, según los presentes, ninguna orden judicial, los efectivos procedieron a detener a Grabois en medio de expresiones de rechazo y tensión creciente por parte del grupo que lo acompañaba. Finalmente, el dirigente fue trasladado a una dependencia policial, pese a los intentos de resistencia pacífica de los manifestantes.

Instantes después de ser detenido, y ya dentro de una camioneta de las fuerzas de seguridad, Juan Grabois difundió una imagen en la que se lo observa sosteniendo una bandera argentina. Junto a esa fotografía escribió un mensaje dirigido al presidente Javier Milei: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, en clara alusión a su postura de defensa del legado nacional y popular.

Desde su círculo íntimo, y mientras se aguardaba un pronunciamiento oficial del Gobierno sobre la detención, se compartió un mensaje en redes sociales para transmitir tranquilidad y reafirmar sus convicciones: “Nos comunicamos. Juan está bien, nos dice que las víctimas son los excluidos y los pibes sin hospital, los viejos sin remedios y tantos otros perjudicados por este modelo; que en un país donde asesinaron, torturaron y desaparecieron a una generación, no hay que llorar por una detención”.

El propio Grabois, en un nuevo mensaje enviado desde la comisaría, manifestó su satisfacción por el motivo de su arresto, asegurando que siente “orgullo de que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional”. En respaldo a su figura, desde el Frente Patria Grande convocaron a la ciudadanía a acercarse a la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en la calle Madariaga 6976, en Villa Lugano, para acompañarlo y reclamar por su liberación.

En respuesta al incidente, y tras conocerse la acción encabezada por Grabois, el Gobierno nacional emitió un comunicado oficial justificando la clausura del Instituto Juan Domingo Perón. En el texto difundido durante la tarde del sábado, las autoridades explicaron que el cierre se debió a que la institución “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos”. Aseguraron además que todo el presupuesto era absorbido por “el pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación” durante su funcionamiento.

Asimismo, indicaron que ya se habían adoptado medidas para preservar el material histórico albergado en la institución: “Se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto, encontrándose todo inventariado y en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación”.

El Gobierno también se refirió al ingreso de Grabois al edificio como una “irrupción violenta”, calificándola como un acto fuera del marco legal. Finalmente, señalaron que gracias a las medidas de protección tomadas previamente “se evitó que se produzca su daño, destrucción o desaparición”.

Este episodio se enmarca en el contexto de un clima de creciente tensión entre sectores del oficialismo y agrupaciones sociales, sindicales y políticas que cuestionan las decisiones del gobierno de Javier Milei respecto al desmantelamiento de organismos y espacios con valor simbólico y cultural para el peronismo y la historia reciente del país.