La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados ha presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo enfocado en la distribución, la fiscalización y el control de calidad de medicamentos inyectables críticos, con especial énfasis en el fentanilo. Esta iniciativa surge en el contexto de la preocupante cifra de fallecimientos vinculados al consumo de fentanilo contaminado, que actualmente se aproxima a las cien víctimas mortales.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

El proyecto de resolución de la comisión incluye un total de 26 preguntas, consensuadas por todos los bloques tras unificar los distintos expedientes presentados por los diputados Silvana Giudici (UCR), Viviana Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal), Manuel Aguirre (Democracia para Siempre) y Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin (Unión por la Patria). Estas consultas están dirigidas principalmente al Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), abarcando incluso cuestiones relacionadas con la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

Entre los aspectos investigados se incluyen la “cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos)”, así como el “número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción”. Asimismo, se indaga sobre las medidas adoptadas por ANMAT desde la aparición de los primeros casos, como inspecciones, clausuras, sanciones, retiros de productos, alertas sanitarias y modificaciones en los protocolos de control de calidad y trazabilidad. La investigación también incluye la revisión del estado de habilitación de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. durante la producción y distribución del fármaco, así como el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

El diputado radical Pablo Juliano expresó su preocupación ante la magnitud de la tragedia: “Al día de hoy son 97 los muertos por el fentanilo contaminado, cifra que supera a los fallecidos en la tragedia de Once y la voladura de la AMIA. Nadie investiga, no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga”. Juliano criticó además la falta de respuesta de los organismos de control y del propio Ministerio de Salud, señalando que “hay un silencio atroz, que todavía no podemos dilucidar si es por complicidad o inaptitud”.

El legislador enfatizó que, mientras se cuestiona el rol del Estado en la supervisión de estos medicamentos, se pone en riesgo la vida de los ciudadanos: “Mientras tanto el ministro [Federico] Sturzenegger dice que debe haber menos control, que no debe existir controles por parte del Estado. Acá tenemos el resultado, la vida de 97 personas y 97 familias destrozadas”. De esta manera, la comisión busca esclarecer responsabilidades y asegurar que se adopten medidas efectivas para prevenir nuevos casos de intoxicación y muertes por fentanilo contaminado.

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