En medio de la fuerte polémica generada por la difusión de audios comprometedores que exponen supuestos pedidos de coimas dentro del Gobierno nacional, la Casa Rosada tomó una decisión inmediata: la Agencia Nacional de Discapacidad fue intervenida. Así lo comunicó públicamente el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que el responsable de llevar adelante esta tarea será Alejandro Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria. Al presentar al nuevo interventor, Adorni destacó su experiencia en el manejo de sistemas de salud tanto en el sector público como en el privado.
A través de su cuenta en la red social X, el portavoz brindó detalles sobre los primeros pasos que asumirá la nueva conducción. Según explicó, la prioridad de Vilches será realizar una auditoría integral dentro del organismo, con especial foco en el área de pensiones por invalidez, que históricamente –de acuerdo con el Gobierno– habría funcionado como un espacio de discrecionalidad política. En este sentido, Adorni remarcó que la intención de la gestión de Javier Milei es poner fin a esas prácticas y garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quienes realmente cumplen con los requisitos y necesitan la ayuda estatal.
“En ese marco se intensificarán los procesos de auditoría y de revalidación de las pensiones”, añadió el funcionario, dejando en claro que se buscará profundizar los mecanismos de control.
La decisión del Ejecutivo se conoció luego de que en el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, el periodista Mauro Federico difundiera una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exfuncionario del área, que comprometen a dirigentes cercanos al oficialismo. Según el material, Spagnuolo habría grabado conversaciones mantenidas en un bar, en las que admite la existencia de un circuito de corrupción que, si bien no involucraría directamente al presidente Milei, sí alcanzaría a personas de su entorno.
En uno de esos registros se escucha a Spagnuolo describir la modalidad: “Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita”, afirma, sugiriendo que proveedores del Estado serían presionados con pedidos de dinero.
En otro fragmento, Spagnuolo relata el diálogo que mantuvo con el propio mandatario cuando decidió advertirle sobre la situación: “Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, donde yo vaya y toque a uno, van a decir: ‘che, flaco, está todo bien, ¿y vos venís a pedirme guita con estos delincuentes?’. Entonces, Javi, ¿qué hago?”.
El contenido de los audios avanza con más detalles. En uno de ellos, Spagnuolo califica la operatoria como un “kiosquito”, es decir, un esquema de corrupción de pequeña escala, mencionando montos que rondarían entre 20 y 30 dólares mensuales. Sin embargo, en otro pasaje, asegura que las sumas pueden ser mucho mayores y estar vinculadas a un empresario con lazos históricos con la familia Menem. “Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes”, se lo escucha señalar.
Los fragmentos más delicados son aquellos en los que directamente se mencionan nombres de peso dentro del oficialismo. En uno de los audios, Spagnuolo apunta contra Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, a quienes sindica como responsables de maniobras más amplias. Incluso, llega a advertir: “A la primera que se van a llevar puesta es a Karina”. En otro tramo, acusa a Lule Menem de estar “choreando de una manera” que, según él, estaría desfalcando a su propia gente.
Los audios también incluyen referencias personales, como cuando Spagnuolo comenta la entrevista que le realizó Alejandro Fantino, donde el periodista lo habría elogiado en distintos aspectos.
En síntesis, las grabaciones ponen de relieve acusaciones de corrupción interna que, de confirmarse, tendrían impacto directo en figuras cercanas al círculo más íntimo del poder. Frente a este panorama, el Gobierno busca mostrar iniciativa con la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, acompañada de un mensaje político claro: “romper con las viejas prácticas y garantizar transparencia en el otorgamiento de pensiones”.