La investigación judicial en curso sobre Osprera tiene como protagonista central a Sergio Andrés Aguirre, conocido mediáticamente como “el socio de Martín Menem”. Médico de profesión, Aguirre llegó a la obra social en octubre del año pasado, tras la designación de Virginia Montero como interventora por parte del Gobierno. En los registros oficiales de la segunda obra social más grande del país, con medio millón de afiliados, Aguirre figuraba como “asesor en sistemas”, un cargo idéntico al que tenía su madre, Casandra Mirabelli, de 71 años, quien ejercía funciones con autoridad y daba instrucciones como si fuera una directiva de la institución. Ambos contaban con correos corporativos y asistían regularmente a la sede de la entidad, mientras eran socios de Htech Innovation, una empresa catalogada como “fantasma” contratada para auditar los sistemas informáticos de Osprera, consigna el periodista Nicolás Pizzi en el diario La Nación.
Según la Justicia, esta compañía recibió al menos $156 millones en apenas cuatro meses. Los fondos fluyeron a través de transferencias hacia cuatro cuentas distintas, incluyendo pagos a la madre de Aguirre, así como inversiones en bonos y pagos a supuestos proveedores.
Aguirre también comparte negocios con el presidente de la Cámara de Diputados desde 2019, a través de la firma TR Nutrition SRL, dedicada a suplementos dietarios. Su vínculo con el legislador comenzó aparentemente en el ámbito médico, ya que Aguirre combina su práctica profesional en endocrinología y medicina deportiva con la tecnología, desarrollando incluso aplicaciones propias para su consultorio.
En abril del año pasado, cuatro meses después de la asunción de Javier Milei, Aguirre creó Htech Innovation junto a su madre y Stefano Zanetti, un empresario domiciliado en San Isidro. Aunque Mirabelli figura formalmente como presidenta de la empresa, en los hechos comparte la sociedad con su hijo. Apenas seis meses después de su creación, la firma fue contratada por Montero para auditar los sistemas de Osprera, un movimiento que según registros internos buscaba “dar continuidad a trabajos iniciados en agosto y optimizar procesos en TI”. La primera factura de Htech ascendió a más de $7,7 millones, con un esquema de cobros proporcionales por meses anteriores, y a esta se sumaron facturas por asesoría estratégica millonarias que justificaban pagos mensuales continuos.
La intervención de Montero fue breve, menos de dos meses, pero el negocio con Htech ya estaba consolidado. Investigaciones posteriores confirmaron que entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Osprera transfirió al menos $156 millones a la firma, cifra que aumenta al considerar las últimas facturas halladas durante allanamientos recientes. El fiscal Guillermo Marijuan lleva adelante la investigación, que se originó con una denuncia de José Voytenco, secretario general de Uatre, sobre intentos de apropiación irregular del control gremial. Además, se indagan otros hechos vinculados a pagos irregulares a droguerías y la muerte de pacientes de la obra social.
Los allanamientos ordenados esta semana permitieron secuestrar documentos, facturas y correos electrónicos de Htech y de otra empresa de Aguirre, Wellmets SRL, dedicada a servicios médicos y deportivos. Los registros bancarios muestran movimientos millonarios hacia cuentas de la madre de Aguirre y otros monotributistas, además de compras de bonos en dólares, lo que genera sospechas sobre la legalidad de las operaciones. La empresa aparentemente operaba sin empleados registrados y Aguirre no asistía regularmente a la sede, ingresando incluso por el estacionamiento subterráneo para evitar la tensión en el edificio de Uatre.
Asimismo, registros de la Casa Rosada indican que Aguirre visitó solo una vez a “Lule” Menem junto a Montero en julio pasado para una supuesta gestión institucional. La actual intervención de Osprera, encabezada por Marcelo Petroni, continúa con auditorías y medidas de control para esclarecer la relación entre la obra social y Htech, mientras se investigan transferencias, contratos y documentos que podrían evidenciar un manejo irregular de fondos públicos. Hasta el momento, la causa mantiene abiertas varias líneas de investigación que involucran contratos, pagos millonarios y vínculos políticos, y se espera que las pruebas secuestradas en los últimos allanamientos comiencen a aportar mayor claridad sobre este presunto esquema de corrupción.
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