El fiscal ecuatoriano, antes de su asesinato, informó a Patricia Bullrich sobre la presencia oculta en Argentina de la familia del narcotraficante «Fito» Macías

El miércoles, poco después de que el fiscal de Guayaquil compartiera su preocupación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la presencia en Argentina de la esposa y otros cuatro familiares de José «Fito» Macías, líder de la banda «Los Choneros», César Suárez fue objeto de un tiroteo al salir de su fiscalía.

Después de la conversación con Bullrich, Suárez remitió al Gobierno una reproducción de un memorándum que había enviado a la fiscalía de la provincia de Manabí, Ecuador, solicitando una certificación de la situación judicial de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, la esposa de Macías, quien había experimentado un rápido ascenso económico desde su profesión de enfermera.

Cuando el memorándum se filtró en Ecuador, Suárez fue objeto de un ataque a tiros. Con Suárez, ya son siete los fiscales asesinados en ese país afectado por la actividad narcotraficante. Según fuentes gubernamentales, Bullrich quedó impactada por la noticia.

Desde el 5 de enero, tanto el gobierno nacional como la provincia de Córdoba tenían conocimiento de la presencia de la familia del narcotraficante acusado del intento de golpe narco de la semana pasada. Sin embargo, no existía una orden de detención judicial ecuatoriana ni de Interpol.

El lunes, Bullrich informó sobre la presencia de la familia al fiscal general de Córdoba, Alberto Losada, y al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, quienes ordenaron realizar tareas de inteligencia.

Se inició así la investigación sobre la familia Macías y sus conexiones locales que les permitieron adquirir una casa de entre 300 y 500 mil dólares en el country Valle del Golf, en Falda del Carmen, Córdoba, sin levantar sospechas. La compra se habría realizado a través de «la empresa Jomavi SAS», una sociedad creada por dos argentinos.

A pesar de las indagaciones de los fiscales federales sobre la posibilidad de lavado de dinero, reconocen que esta es una cuestión menor en comparación con la amenaza que representa Macías para la seguridad nacional. Solo disponen de un boleto de compra certificado por un escribano en un country que aún es un fideicomiso, dificultando la investigación. En el boleto, que supuestamente pagaron en efectivo, figura un hermano de la mujer que reside en Chile.

La familia de «Fito» ocupaba la propiedad ubicada en el lote 5 de la manzana 6 del extenso predio del barrio, limítrofe con el campo del Valle Golf Club, una de las exclusivas canchas diseñadas por la compañía del exgolfista estadounidense Jack William Nicklaus.

Sin embargo, lo más preocupante es que Peñarrieta había realizado 5 tránsitos migratorios a la Argentina entre el 14 de agosto de 2023 y el 5 de enero, su último ingreso, según un informe confidencial del gobierno. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no emitieron ninguna alerta sobre su presencia en Argentina.

Fuentes judiciales y de inteligencia sugieren que su último ingreso estaba coordinado con la fuga de Macías de una cárcel de máxima seguridad en Ecuador, y que el plan era alejar a su familia de ese país. «Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia y una vez sacada la familia escaparse de la cárcel», declaró Bullrich en una conferencia de prensa el viernes. El ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que el fiscal Suárez, asesinado en Guayaquil, investigaba el viaje de la familia a la Argentina.

Inicialmente, el gobierno consideró la posibilidad de que el líder del cartel de los Choneros también estuviera en Argentina. Se siguieron dos pistas falsas en Rosario y el Gran Buenos Aires. Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, mencionan el término «narcoterrorismo» al vincular a Macías con una organización llamada «Olver Sinisterra», una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante las labores de inteligencia, la confirmación de la relación entre la mujer y Macías «provenía de un correo electrónico registrado en Migraciones y objeto de investigación», según una fuente. También llamó la atención que para desplazarse, por ejemplo, al shopping Patio Olmos, siempre utilizaban dos remiseros falsos que manejaban un Chevrolet Onix y un Renault 12.

Resultaba inusual que salieran raramente de la residencia, dependieran de servicios de entrega de alimentos y dieran propinas en dólares. Alberto Bietti, director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba, indicó que «se solicitó la colaboración de investigadores ecuatorianos, quienes proporcionaron imágenes. De esta manera, se pudo verificar al 100% las identidades».

Tomar la decisión de expulsarlos basándose en una resolución administrativa de Migraciones no fue simple. Si se los imputaba y detenía por lavado, habrían designado abogados y habrían permanecido en el país durante meses a la espera de una resolución judicial.

Por lo tanto, Bullrich y Francos optaron por no solicitar la detención a la Justicia, sino anular la residencia transitoria de turistas que tenían por tres meses. Al notificar a la mujer y sus familiares, «no se opusieron a ser trasladados», facilitando el proceso administrativo. La familia Macías tiene diez días para apelar, pero desde Ecuador. Ya no tienen la posibilidad de regresar a Argentina.

La decisión política de expulsión quedó plasmada en una resolución emitida por el director de Migraciones, Sebastián Seone, fundamentada en informes de la PROCUNAR y de la Procuración General de la Nación relacionados con el caso Coirón en Ecuador. También se utilizó la Dirección General de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad como fuente de información.

La resolución de Migraciones destaca que el Ministerio de Seguridad confirma la información «sobre la presencia de la familia del extranjero en Córdoba» y proporciona detalles, entre ellos, que la extranjera Inda Mariela Peñarrieta ha acumulado propiedades y considerables ingresos millonarios en pocos años.