Luego de haber atravesado una larga y compleja internación, el fotógrafo independiente Pablo Grillo logró salir brevemente de su sala hospitalaria y fue visto por primera vez en público desde el incidente que lo dejó gravemente herido el pasado 12 de marzo, cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno durante un operativo llevado a cabo por fuerzas federales.
Pablo Grillo en el hospital.
Una imagen reciente, difundida a través de redes sociales por el colectivo “Justicia por Pablo Grillo”, muestra al joven de 35 años en un balcón del Hospital Ramos Mejía, donde permanece internado desde hace casi dos meses y donde fue sometido a una delicada intervención quirúrgica. La cuenta celebró este pequeño avance en su recuperación con un mensaje emotivo: “Después de 55 días en terapia intensiva, hoy Pablo salió a pasear por el hospital”. En la fotografía, Grillo aparece acompañado por dos trabajadores del sistema de salud, quienes lo asistieron durante el paseo por el centro médico porteño.
El hecho que lo dejó al borde de la muerte ocurrió durante una protesta el 12 de marzo, cuando fue alcanzado por el proyectil de una granada de gas lanzada de forma horizontal por un agente de Gendarmería Nacional. Este tipo de dispositivo, según normas de uso seguro, debería haber sido arrojado describiendo una curva parabólica en el aire, de modo que su trayectoria minimizara el riesgo de causar lesiones directas.
La gravedad del caso impulsó la apertura de una causa judicial, actualmente en manos de la jueza federal María Servini. El fiscal Eduardo Taiano impulsó la investigación que busca esclarecer las responsabilidades detrás del operativo. Como parte de sus diligencias, la magistrada solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que remita todas las actuaciones administrativas elaboradas en torno al despliegue de las fuerzas ese día, así como la documentación que fundamente el marco legal bajo el cual se desarrolló el procedimiento. Entre otros documentos, se pidieron también los protocolos vigentes, reglamentos internos, la orden emitida para ejecutar el operativo y las guías que rigen el uso de armamento no letal.
Además, la jueza pidió los informes o sumarios internos que pudieran haberse elaborado tras los hechos ocurridos, si es que alguno fue confeccionado. En paralelo, se libró un pedido similar al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ahora encabezado por Horacio Giménez, quien asumió el cargo tras la salida de Waldo Wolff. En respuesta a solicitudes previas, desde esa cartera se informó que durante la protesta del 12 de marzo no se activó ningún protocolo particular más allá del «Protocolo para el Uso de la Fuerza en el marco de la actuación Policial», una normativa publicada oficialmente en marzo del año anterior.
La causa judicial se inscribe dentro de una serie de investigaciones vinculadas a posibles excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Una de las denuncias que impulsan la causa fue presentada por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y se tramita en conjunto con otras presentaciones como la realizada por la familia del fotógrafo y la formulada por Beatriz Blanco, una jubilada que también resultó herida en el contexto del mismo operativo al caer violentamente de espaldas tras una confrontación con un uniformado.
El expediente actualmente está bajo jurisdicción del Juzgado Federal N.º 1, luego de que se resolviera un conflicto de competencia entre tribunales. La decisión fue adoptada por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, quien determinó que sea el juzgado de Servini el que lleve adelante la instrucción de la causa.
Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones políticas. El accionar de las fuerzas fue respaldado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que desencadenó duras críticas desde sectores de la oposición, que cuestionan no solo la violencia del operativo, sino también la falta de transparencia y rendición de cuentas tras el hecho.