El Gobierno ha declarado que no dispone de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, que fueron solicitadas por la Justicia en el marco de la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.
Un alto funcionario explicó a TN que “no hay registros de las cámaras de Olivos porque no se genera archivo. Lo último que se tiene de filmaciones es de mayo de este año. No hay nada de 2021, y tendremos que explicar a la Justicia cómo funciona el disco rígido de las cámaras”.
El fiscal Ramiro González había solicitado los videos de las áreas internas, así como las zonas alrededor del chalet presidencial y las áreas de huéspedes, correspondientes al periodo de abril a agosto de 2021. En esos meses, la ex primera dama acusa al expresidente de haberla golpeado en varias partes del cuerpo.
La responsable de atender esta solicitud es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien supervisa Casa Militar, actualmente dirigida por Sebastián Ibáñez, quien sustituyó a Alejandro Guglielmi en marzo. Las cámaras están gestionadas por el Centro de Operaciones de Seguridad (COS).
La empresa encargada del mantenimiento de las cámaras es Automation Systems, dirigida por Armando Raúl Mayora, un ex miembro de la Armada que participó en la guerra de Malvinas. Bajo la gestión de Fernández, Milei amplió el contrato de mantenimiento por seis meses en marzo por un monto de $30.360.000. Este contrato abarca el mantenimiento integral del sistema de circuito cerrado en la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario y la Residencia Presidencial de Olivos.
TN ha informado que el sistema de cámaras de la Quinta de Olivos utiliza un disco rígido con una capacidad de almacenamiento que varía entre uno y tres meses. Esto significa que las grabaciones se eliminan automáticamente una vez alcanzado el límite de almacenamiento para permitir nuevas grabaciones. “Las cámaras eliminan automáticamente todo registro cuando se llena el disco. Funcionan de esa manera y está preestablecido para poder seguir grabando. No entendemos por qué el fiscal pidió ese detalle. Es algo rutinario y regular”, comentó un alto funcionario.
A pesar de la falta de grabaciones, el Gobierno asegura que colaborará proporcionando los archivos disponibles y presentará a la Justicia los registros de ingreso del personal doméstico del chalet presidencial y de la casa de huéspedes, así como los ingresos del ex director de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.
Además, el fiscal González solicitó los datos del personal de Casa Militar que acompañó a Yañez en un viaje a la provincia de Misiones en 2021, y las constancias de atención médica a la ex primera dama desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023.
El juez federal Julián Ercolini desestimó la solicitud del fiscal para realizar una inspección judicial en la residencia presidencial y en su lugar ordenó investigar las llamadas entre Yañez y Fernández desde 2016 hasta finales de 2023.
Como parte del proceso, la Justicia ha citado a declarar a varios testigos, incluyendo a la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero; Federico Saavedra; el ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; así como la madre de la denunciante, Miriam Yañez Verdugo, y Sofía Pacchi.