El Gobierno ha anunciado que las empresas de medicina prepaga reembolsarán a sus afiliados una parte de los montos cobrados en los primeros meses del año, en un plan que se extenderá durante doce meses a partir de julio. Según un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, estos montos serán ajustados según la tasa de interés de los plazos fijos del Banco Nación, y también se utilizará este índice para actualizar las cuotas que pagan los afiliados. A pesar de esto, desde el sector privado han informado que aún no hay un acuerdo definitivo y que las negociaciones continúan.
Además, se ha comunicado oficialmente que las empresas reintegrarán, sin aplicar penalidades y en las mismas condiciones en que estaban antes, a las personas que se hayan dado de baja en los últimos meses. Estos puntos fueron discutidos durante todo el día por representantes del Gobierno y de las empresas en el marco de una audiencia convocada por el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 3, donde se está tramitando una causa judicial por presunta cartelización de un grupo de empresas del sector.
Las empresas de medicina prepaga habían propuesto inicialmente un reintegro equivalente al 24% de la cuota que se establezca para julio, a devolver en 12 meses. La propuesta incluía una actualización de los montos según el índice de costos de la salud utilizado hasta el año pasado para ajustar las cuotas. También proponían que entre julio y septiembre los precios de los planes de salud se ajustaran en un porcentaje equivalente al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por la Superintendencia, según indicaron desde ese organismo.
La propuesta del Gobierno
La propuesta del Gobierno para la devolución de los montos cobrados en exceso por las empresas de medicina prepaga estaba incluida en la presentación de la denuncia ante la Justicia. Las autoridades buscaban que el juez dispusiera una devolución en siete cuotas del monto total resultante de comparar cada cuota efectivamente cobrada con la que debió haberse cobrado en caso de aplicarse como parámetro la inflación.
En los primeros cuatro meses del año, los precios de los planes de salud aumentaron en promedio hasta un 165%. Esto se debió a que, tras más de una década en la que las prepagas solo podían aumentar con autorización gubernamental, en diciembre pasado el Gobierno derogó toda la normativa referente a la intervención estatal en los precios del sector. Entre mediados de 2022 y fines de 2023, las cuotas habían aumentado según los resultados de un índice de costos de salud publicado por la Superintendencia.
En abril último, cuando los aumentos acumulados rondaban entre el 145% y el 165%, el ministro de Economía, Luis Caputo, criticó públicamente a las empresas por sus acciones, afirmando que estaban «declarando la guerra a la clase media». Mientras el Gobierno acusa a las prepagas de quedarse con el dinero de los afiliados al aumentar los precios por encima de la inflación, las entidades argumentan que los aumentos fueron necesarios para cubrir prestaciones y servicios, mostrando datos de costos en alza, especialmente en medicamentos.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud, afirmó que está convencido de que no hubo abuso ni cartelización, y que los aumentos se destinaron a prestadores y servicios. Según Magonza, los precios estuvieron controlados durante más de 12 años, pero los costos se dispararon. Desde 2012 hasta 2023, las cuotas de las prepagas aumentaron un 7945%, el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%.
En medio del conflicto por las cuotas, la semana pasada comenzó en los centros privados un plan de lucha del sindicato de la sanidad, que espera una definición para las negociaciones salariales del sector que, por ahora y ya vencido el acuerdo anterior, no avanzan.
Las negociaciones continúan en curso, y se espera que se llegue a un acuerdo en las próximas horas. Esta convocatoria fue realizada por Stinco a pedido de varias prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas acusadas de cartelización. En su fallo, Stinco ordenó que las prepagas hicieran un recálculo de las cuotas para que, en lugar de los montos que fueron cobrados, los importes sigan la variación del IPC con dos meses de retraso. Además, estableció que cada entidad debe presentar un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso del criterio dispuesto.