Tras una extensa jornada de negociaciones que se extendió durante todo el jueves, este mediodía los residentes del Hospital Garrahan anunciaron la continuidad de sus medidas de protesta ante la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud. La reacción del Gobierno nacional fue tajante: endureció su postura y lanzó una serie de advertencias que profundizaron el conflicto. Entre ellas, se anunció que se descontarán los días de huelga, que quienes superen las cinco ausencias serán desvinculados de sus cargos, y se deslizó que su continuidad como especialistas podría verse comprometida si persisten en el paro.
Durante un acto frente al hospital, los residentes confirmaron su decisión de sostener las medidas de fuerza, desoyendo el pedido gubernamental de suspender por 48 horas las protestas como condición para retomar el diálogo. Argumentaron que no existen propuestas concretas y recordaron antecedentes de promesas incumplidas, como el aumento salarial firmado y luego anulado en cuestión de horas por el exministro Mario Russo en 2023.
Fuentes del Ministerio de Salud informaron que, en caso de continuar las ausencias, los médicos en formación podrían ser removidos automáticamente de sus puestos, como lo estipulan las normas de empleo público nacional. También se les notificó que su desempeño académico podría verse afectado, ya que la falta de asistencia reiterada pondría en riesgo la aprobación de la residencia, retrasando así su egreso como profesionales.
Desde el Gobierno se justificó la posición oficial apelando al discurso de formación profesional. “Queremos profesionales bien formados que impulsen el crecimiento del país”, expresaron desde el entorno libertario. Sin embargo, no ofrecieron soluciones inmediatas en cuanto a mejoras salariales, a pesar de que reconocen que los ingresos actuales de los residentes son considerablemente más bajos que los que se perciben en hospitales de la Ciudad o de la Provincia de Buenos Aires. Apenas se mencionó que se están evaluando mecanismos para equiparar los ingresos con los del sistema porteño.
Por otro lado, se reiteró la propuesta de establecer una mesa de diálogo con encuentros quincenales, y se aseguró que los ahorros derivados de una mayor eficiencia hospitalaria serían reinvertidos en el equipo de salud. Aunque aclararon que parte de esos fondos también serán destinados a ampliar la infraestructura del hospital, en particular para sumar camas.
Este incremento en la rigidez de la postura oficial se produjo poco después de que el presidente Javier Milei se refiriera al conflicto del Garrahan en una entrevista en el canal de streaming Neura. Allí, minimizó el reclamo y lo vinculó con lo que describió como un exceso de empleo público. “¿Estamos de acuerdo en que los recursos son escasos y no se pueden desviar hacia ñoquis que no trabajan?”, cuestionó el mandatario, en línea con las declaraciones recientes de su vocero Manuel Adorni.
Frente a estas afirmaciones, varios trabajadores del hospital salieron a desmentir los datos oficiales. Alejandro Lipcovich, referente gremial de ATE y trabajador del Garrahan, señaló que más del 70% del personal tiene funciones asistenciales directas, incluyendo no solo médicos, sino también enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos y personal técnico indispensable para el funcionamiento del centro de salud.
El Ministerio de Salud, encabezado formalmente por Mario Lugones —referente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo—, ha delegado la comunicación de la crisis en la viceministra Cecilia Loccisano, quien ha intentado reducir el conflicto a una cuestión administrativa. Mientras tanto, Lugones ha mantenido un perfil bajo, salvo por apariciones protocolares como su encuentro reciente con el estadounidense Robert Kennedy Jr. en Casa Rosada.
A pesar de la dureza de las últimas decisiones, el Gobierno aún no emitió declaraciones públicas contundentes a través de sus principales voceros, aunque desde la cartera sanitaria confirmaron la línea oficial: “Es necesario recuperar el funcionamiento óptimo del hospital. Estamos limpiando la burocracia que usa este espacio para hacer política. Sabemos que los médicos son fundamentales, pero necesitamos que trabajen y no se conviertan en parte del problema”.
Sin embargo, la declaración omitió referencias a las condiciones laborales que originaron el conflicto: bajos salarios, falta de reconocimiento y precarización de los residentes, quienes, lejos de ser considerados «ñoquis», son el sostén cotidiano de uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.