La administración de Javier Milei heredó un importante número de obras de viviendas inconclusas, aproximadamente 96 mil, provenientes de la gestión de Alberto Fernández. Dichas obras incluyen 17,000 casas pendientes del programa Procrear, otras 16,000 del proyecto Casa Propia, y el resto se distribuye entre viviendas no finalizadas de programas como Reconstruir, Casa Activa-Casa Propia, y soluciones habitacionales.
Para abordar esta situación, la Secretaría de Vivienda y Hábitat dispondrá de un presupuesto de U$S 374 millones en 2024, aunque se anticipa que este monto será insuficiente para concluir los proyectos existentes. En este contexto, se está explorando un esquema de iniciativa privada para el sector de viviendas.
Con el objetivo de finalizar las obras actualmente con un avance físico del 80% o más, el Gobierno planea utilizar su propio presupuesto y ofrecer a empresas constructoras y desarrolladores la oportunidad de completar el resto de los proyectos. A cambio de su participación, se les permitirá a los privados retener y comercializar cierta cantidad de viviendas, determinada por el grado de avance del proyecto.
El destino final de estas viviendas aún no está decidido, pero se considera la posibilidad de venderlas a través del Banco Hipotecario o la Administración de Bienes del Estado, a un precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La gestión actual busca generar soluciones habitacionales para sectores postergados y la clase media.
Además, se está evaluando la opción de llegar a acuerdos con municipios para que estos utilicen fondos propios y finalicen las viviendas inconclusas. Este enfoque podría enfrentar desafíos si los municipios tienen presupuestos limitados. En paralelo, se analiza la entrega de créditos de hasta $5 millones en el programa Procrear, destinados originalmente a refacciones, pero que en muchos casos se utilizaron para saldar deudas de tarjetas de crédito y otros fines.