El gobierno de Javier Milei dio un paso más en el proceso de desarticulación del sistema de financiamiento que, durante más de una década, gestionó los créditos hipotecarios del programa Procrear. El avance se formalizó con la publicación, el 9 de junio de 2025, de la Resolución 764/2025 en el Boletín Oficial. Esta norma establece los lineamientos finales para concluir la liquidación del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, instrumento clave para la política habitacional desde su implementación en 2012.
Aunque el fideicomiso ya había sido formalmente disuelto en noviembre de 2024 mediante el Decreto 1018/2024, aún persistían asuntos administrativos y jurídicos pendientes para completar su cierre definitivo. Con esta resolución, el Ministerio de Economía —bajo la conducción de Luis Caputo— asigna nuevas responsabilidades a distintos organismos del Estado, quienes se encargarán de materializar la finalización del proceso.
El Procrear fue lanzado en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para sectores medios a través de créditos accesibles. Su estructura financiera se sostenía principalmente con recursos provenientes de la Anses y era administrado por el Banco Hipotecario, que no solo otorgaba los préstamos sino que también gestionaba la urbanización y entrega de terrenos fiscales.
Con la disolución del fideicomiso, la Secretaría de Obras Públicas asumirá el control sobre los bienes asociados al programa. Esta dependencia será la responsable de tramitar la regularización de títulos de propiedad, así como de transferir activos inmobiliarios a gobiernos provinciales y municipales, instituciones estatales y entes habitacionales, conforme a lo que se establezca en los nuevos convenios.
En paralelo, la resolución introduce un nuevo modelo de Contrato de Mandato entre el Estado y el Banco Hipotecario. Este acuerdo permitirá a la entidad continuar con la administración de los préstamos ya otorgados bajo los términos que regían desde el inicio del fideicomiso en 2012, garantizando así cierta continuidad para los beneficiarios.
En lo que respecta a los inmuebles que no se encuentran comprometidos con obras en ejecución, estos serán traspasados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Para ello, se celebrarán convenios específicos entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.
Además, la normativa autoriza a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a ordenar que los fondos recuperados de los créditos otorgados —luego de deducir los costos de gestión— sean girados al Tesoro Nacional. También contempla la posibilidad de liquidar carteras de créditos con baja capacidad de recuperación, es decir, aquellas con niveles de cobro inferiores al 40%.
Por último, el Ministerio de Economía designó a su Subsecretaría Legal como la representación jurídica del Estado nacional en todas las causas judiciales vinculadas con el fideicomiso ya cerrado, según informó el diario «Ámbito».