Hace dos días, la Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín suspendió la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), emitiendo una medida cautelar que durará seis meses para asegurar el funcionamiento normal de las clases. Sin embargo, el gobierno no tardó en presentar una nueva denuncia, esta vez por el funcionamiento de un «boliche clandestino» en un espacio cedido por el Estado a dicha universidad.
La denuncia fue realizada por el vocero del gobierno, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde informó que, en las últimas horas, la Policía Federal (PFA) había realizado un allanamiento en un inmueble que, según los documentos, había sido prestado en 2018 con fines educativos, pero que, en lugar de cumplir con esta función, había sido convertido en un boliche clandestino. El espacio estaba equipado con parlantes, luces, telones, barras y botellas de alcohol. «Hasta jugaban a los dardos», comentó Adorni, quien también compartió la noticia en sus redes sociales con una imagen del lugar allanado y un mensaje críptico: «Ahora, en conferencia de prensa. Fin».
El vocero presidencial explicó que el Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia formal contra la universidad por utilizar un inmueble de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para fines ajenos a la educación. Adorni calificó esto como una grave desviación de los fines del espacio y, además, como una falta de respeto hacia los contribuyentes que financian con sus impuestos este tipo de proyectos. «A todos los que se divertían con la plata de todos los argentinos… Muchachos, se les terminó la fiesta», declaró, visiblemente indignado.
A lo largo de la conferencia, Adorni mostró una imagen tomada durante el allanamiento, en la que se evidenciaba el mal uso del espacio. Además, agregó que en el tercer piso del inmueble, donde se realizaban fiestas, también vivía una familia. En los primeros dos pisos, funcionaban organizaciones privadas, entre ellas el Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.), vinculado con piqueteros y personas relacionadas con la ex presidenta Cristina Kirchner. También se encontraba la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), y la Asociación de Haitianos viviendo en Argentina. Adorni expresó su desconcierto por la naturaleza de estas organizaciones y su presencia en un lugar destinado para otro tipo de usos.
Este nuevo episodio se suma a la serie de conflictos entre el gobierno de Javier Milei y la Universidad Madres de Plaza de Mayo. A principios de esta semana, la justicia resolvió suspender la intervención que el Ministerio de Capital Humano había impuesto sobre la universidad, garantizando el normal desarrollo de las clases y la autonomía institucional. La jueza Martina Isabel Forns otorgó una medida cautelar que fue celebrada por la comunidad educativa de la UNMa, que consideró que la resolución representa un «pleno reconocimiento a la autonomía universitaria».
La universidad había enfrentado diversos ataques desde la llegada de Milei al poder, como un severo recorte presupuestario y una intervención que designó a Eduardo Maurizzio como interventor, quien fue rechazado por la comunidad educativa. El 2 de septiembre, además, sufrió un bloqueo policial de su sede, y el 1° de noviembre, un ataque violento que destruyó equipamiento y sustrajo documentación. La denuncia más reciente también incluyó la presencia de docentes no reconocidos, enviados por el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch. La comunidad universitaria, además de celebrar la medida cautelar, destacó la importancia de seguir defendiendo la autonomía y el financiamiento de la institución, comprometiéndose a continuar con su lucha por la educación pública, tal como lo han hecho durante 25 años.