El Gobierno nacional tomó la decisión de finalizar la relación laboral de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia, según anunció oficialmente. “El Ministerio terminó con más de 2.400 contrataciones irregulares realizadas a través de Acara. Estos trabajadores fueron incorporados de manera ilícita durante décadas, ignorando los procedimientos establecidos por el sistema nacional de empleo público”, destacó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al comunicar la medida.
Adorni mantuvo este martes un encuentro con los medios desde la Casa Rosada, donde brindó detalles sobre la eliminación de lo que calificó como “dos nuevos curros de la política”. Durante su declaración, confirmó no solo la finalización de los contratos mencionados, sino también la eliminación de beneficios económicos que representaban un gasto significativo para las arcas públicas.
En este contexto, el funcionario explicó que además del despido masivo, se resolvió “eliminar el pago de incentivos al personal del Ministerio, los cuales suponían un costo anual de 15.600 millones de pesos”. Este ajuste busca reducir los gastos del Estado en áreas consideradas innecesarias o irregulares, de acuerdo con las prioridades de la nueva gestión.
El vocero también hizo referencia a la situación de dos organismos que recibían fondos del Gobierno. Uno de ellos es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), vinculada al mercado automotor, donde se realizaron contrataciones que ahora han sido desmanteladas. Este organismo, explicó, manejaba recursos de manera cuestionable, algo que se corrigió con la decisión del Ministerio de Justicia.
El segundo caso involucra a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y al gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Según Adorni, se puso fin al monopolio que tenía la UTA en la capacitación de choferes que necesitaban renovar sus licencias de conducir. “El gremio recibía 11 mil millones de pesos desde 2019 exclusivamente por las renovaciones anuales obligatorias. A partir de ahora, cualquier prestador que cumpla con los requisitos podrá ofrecer estas capacitaciones, ya que se termina con el monopolio sindical”, aseguró.
Adorni fue enfático al señalar el compromiso del Gobierno de erradicar privilegios que benefician a unos pocos en detrimento del resto de la sociedad. “Donde identifiquemos privilegios injustificados, vamos a intervenir y eliminarlos. No habrá lugar para los abusos ni para los gastos desmedidos”, concluyó, reafirmando la intención de la administración de ajustar los recursos públicos hacia una gestión más eficiente.