El Gobierno encabezado por Javier Milei ha tomado la determinación de desmantelar el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, una decisión que ha generado gran preocupación dentro del ámbito sanitario. La médica Mariana Pechenik, referente en el área, denunció públicamente esta medida y advirtió sobre las graves consecuencias que traerá aparejadas. “Los cuidados paliativos en Argentina estamos de luto”, expresó con pesar, alertando que el desmantelamiento del programa significará un incremento en la cantidad de pacientes que no recibirán la atención adecuada por parte de especialistas en la materia, así como una mayor dificultad para acceder al tratamiento del dolor. Asimismo, señaló que muchos de sus colegas han optado por mantenerse en silencio por temor a represalias.
A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Pechenik detalló los alcances del programa que fue desactivado. Según explicó, este se encargaba de la formación de profesionales interdisciplinarios en cuidados paliativos mediante becas en instituciones de excelencia y diversos cursos de capacitación. Además, garantizaba la provisión de morfina y metadona a todas las provincias del país, con especial énfasis en aquellas con menos recursos, para facilitar el tratamiento del dolor severo en pacientes con cáncer. También brindaba asesoramiento y respaldo permanente a los equipos de cuidados paliativos en diferentes jurisdicciones. Con la eliminación de estas funciones, advirtió la médica, el acceso a los tratamientos adecuados se verá seriamente comprometido.
En su denuncia, Pechenik explicó que la cancelación del programa implicó la suspensión de la compra de opioides fundamentales para los tratamientos paliativos, como la morfina y la metadona. Además, seis de los ocho integrantes del equipo fueron despedidos. El motivo oficial esgrimido para estas decisiones fue el recorte presupuestario. Sin embargo, sus efectos se traducirán en una mayor prevalencia del cáncer, un incremento en el sufrimiento de los pacientes y un acceso más limitado a la atención especializada. La médica lamentó que esta medida implique un retroceso significativo en la atención paliativa en Argentina, justo cuando el Instituto Nacional del Cáncer, en conjunto con la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos y otras instituciones privadas de formación, estaban logrando avances en la materia.
En su declaración, Pechenik calificó la eliminación del programa como una acción que vulnera derechos humanos fundamentales y denunció que la falta de respuestas oficiales ha generado un clima de incertidumbre en el sistema de salud. Finalmente, concluyó con un mensaje de alerta: “Es mi deber informar desde adentro lo que está ocurriendo. Muchos profesionales no se animan a hablar por miedo. Los cuidados paliativos en Argentina atraviesan un momento crítico”.
Graves consecuencias de la interrupción del acceso a medicación oncológica
El desmantelamiento del programa de cuidados paliativos no es la única decisión del Gobierno de Milei que ha generado alarma en el sector sanitario. La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) alertó que las políticas de ajuste implementadas desde 2024 ya han afectado a cientos de pacientes oncológicos debido a la interrupción en la entrega de medicamentos esenciales. Esta situación se agravó tras la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo que hasta el momento gestionaba la provisión de estos fármacos.
Según datos recopilados por Fesprosa y otras organizaciones especializadas, el año pasado al menos 60 personas fallecieron debido a la falta de acceso a medicamentos oncológicos. En su comunicado, la entidad explicó que la administración de Milei suspendió el funcionamiento de la Dadse a comienzos de 2024 con el argumento de que era necesario reorganizar el sistema. Sin embargo, la paralización de sus funciones derivó en graves demoras en la entrega de medicamentos vitales para pacientes con cáncer.
Fesprosa también denunció que, si bien desde el Ministerio de Salud se anunció que sus funciones serían absorbidas por otra dependencia, la medida podría ser una maniobra para eludir una sentencia judicial que obligaba a garantizar la provisión de los tratamientos. En este contexto, la federación de profesionales de la salud exigió al ministro Mario Lugones el cumplimiento inmediato de la medida cautelar dispuesta por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2.
Recortes en salud y el impacto en políticas sanitarias nacionales
Los ajustes en el ámbito sanitario no se han limitado al desmantelamiento del programa de cuidados paliativos ni a la interrupción del suministro de medicación oncológica. Según denunció Fesprosa, el gobierno de Milei también ha ejecutado despidos masivos en hospitales y organismos de salud pública. Se registraron cesantías en el Hospital Posadas, el Instituto Bonaparte y el Hospital Sommer, además de la desvinculación de 180 trabajadores en el Ministerio de Salud de la Nación. Estas medidas, señalaron, han dejado a diversas áreas críticas del sistema sanitario en una situación de vaciamiento.
Entre los sectores más afectados se encuentran las direcciones especializadas en VIH, tuberculosis, lepra y vacunas, cuya operatividad se ha visto gravemente reducida debido a la falta de personal y recursos. A ello se suma el anuncio de que Argentina podría abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que, según Fesprosa, representa una amenaza aún mayor para las políticas públicas en materia de salud. La combinación de estas decisiones pone en riesgo la capacidad del Estado para garantizar la atención médica en áreas clave, lo que ha generado fuertes críticas y preocupación en el ámbito sanitario.
En conclusión, las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei han tenido un impacto significativo en el sistema de salud, especialmente en la atención de pacientes con enfermedades graves como el cáncer. La eliminación del programa de cuidados paliativos, el cese en la provisión de medicación oncológica y los despidos en organismos sanitarios han generado una crisis en el sector, cuyas consecuencias ya se están viendo reflejadas en la vida de miles de personas. Organizaciones médicas y profesionales de la salud continúan alertando sobre la gravedad de la situación y exigen una revisión de las medidas adoptadas.