Este miércoles, el Gobierno presentó un drástico plan de ajuste para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cual incluye una serie de medidas para reducir costos y redirigir los recursos hacia la modernización de la institución. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el INTA, un organismo crucial para el desarrollo del sector agrícola argentino, había desviado su enfoque en los últimos años hacia áreas que, según él, no estaban relacionadas con la productividad agrícola, tales como “cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”.
En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Adorni detalló que “el 50 por ciento de los 6852 empleados actuales” fueron contratados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007 y 2015, y criticó que el 90 por ciento del presupuesto del INTA, que asciende a 250 millones de dólares anuales, se destina al pago de salarios. A su vez, destacó que la participación privada en las investigaciones del INTA es muy baja, por debajo del 10 por ciento, y señaló como objetivo aumentar esta cifra al 30 por ciento para 2027.
Dentro del plan de “modernización”, se contempla la venta de propiedades subutilizadas, entre ellas un inmueble ubicado en la avenida Cerviño y Ortiz de Ocampo, en el barrio de Palermo, que está tasado en 6 millones de dólares y cuenta con más de 3100 metros cuadrados de superficie, pero con solo 140 empleados. Adorni explicó que la propiedad no solo es un “malgasto de recursos”, sino que también presenta “graves irregularidades” en su construcción, ya que se construyó una estructura adicional fuera de la disposición original del edificio. El dinero obtenido de esta venta será destinado a financiar investigaciones del INTA, en lugar de seguir utilizando los recursos para mantener espacios y estructuras innecesarias.
El vocero también mencionó que el INTA posee 116 mil hectáreas de tierras, pero que solo 45 mil de ellas están siendo aprovechadas para la experimentación con fines comerciales y productivos, lo que evidencia un aprovechamiento ineficiente de los recursos disponibles.
Como parte de este ajuste, Adorni anunció que se dará de baja a los 227 ingresos de personal que se realizaron el año pasado, y que estos deberían haberse suspendido en enero. También se pondrá a disposición un predio estatal en Cerrillos, provincia de Salta.
De cara a la votación que realizará este jueves el Consejo Directivo del INTA sobre el plan propuesto, Adorni expresó su esperanza de que los directivos aprueben estas medidas, que permitirían incrementar los recursos del organismo y mejorar su equipamiento, modernización y capacidad investigativa. Finalmente, el vocero enfatizó que se ha puesto fin al uso de los organismos públicos como instrumentos para el despilfarro de la política anterior, y subrayó que ninguna oficina estatal tiene derecho a “extirparle la riqueza a los argentinos”.