A través de una nueva disposición oficial, el Gobierno nacional determinó que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga estarán obligadas a entregar credenciales físicas a sus afiliados en caso de que estos así lo soliciten. La iniciativa, formalizada mediante la Resolución 1463/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud, fue publicada en el Boletín Oficial este martes y lleva la firma del titular del organismo, Claudio Stivelman.
La normativa establece con claridad que quienes prefieran seguir utilizando la credencial digital podrán hacerlo sin inconvenientes, pero aquellos usuarios que enfrenten dificultades con herramientas tecnológicas o simplemente prefieran una tarjeta tangible, tendrán derecho a acceder a una versión física sin costo alguno. Esta tarjeta deberá ser emitida y entregada dentro de un plazo razonable que no podrá superar los 15 días hábiles a partir del requerimiento del afiliado.
Asimismo, se instruyó a los Agentes del Seguro de Salud a poner en marcha mecanismos adecuados de comunicación e información. Es decir, cada obra social y prepaga deberá garantizar que sus afiliados estén debidamente informados sobre este derecho, los procedimientos para solicitar la credencial física y las formas de entrega disponibles, asegurando una gestión clara y accesible para todos.
La resolución reconoce además que, si bien los sistemas digitales han representado un avance significativo en materia administrativa y de acceso, aún existen sectores de la población que enfrentan obstáculos estructurales o personales que dificultan su utilización. Se mencionan, por ejemplo, la falta de conectividad, la carencia de dispositivos tecnológicos compatibles, o el desconocimiento del uso de herramientas digitales debido a limitaciones en la alfabetización digital.
Frente a esta realidad, el texto subraya que no hay ninguna normativa vigente que obligue a los usuarios a utilizar exclusivamente credenciales electrónicas para acceder a servicios de salud. Por tanto, la implementación de una alternativa en formato físico se vuelve necesaria para garantizar el acceso universal, respetando la autonomía de cada persona y evitando que la brecha tecnológica se transforme en una barrera para el ejercicio del derecho a la salud.
En conclusión, esta decisión busca reforzar los principios de equidad, no discriminación y libre elección, asegurando que todos los afiliados —sin importar su nivel de acceso tecnológico— puedan contar con un medio de identificación que les permita acceder a las prestaciones médicas sin restricciones.