El Gobierno anunció el cierre definitivo de la planta de Ciccone Calcográfica, ubicada en Don Torcuato, que hasta ahora se encargaba de la impresión de billetes. Esta decisión, dada a conocer por el ministro de Economía Luis Caputo, conlleva el despido de 270 empleados, quienes han sido suspendidos temporalmente de sus labores. La planta había sido nacionalizada en 2012 durante la administración de Amado Boudou, en el marco de un escándalo de corrupción relacionado con la compra de la empresa a través de intermediarios.
El cierre responde a un cambio en la política del Estado respecto a la producción de billetes, ya que ahora se optará por adquirirlos de proveedores internacionales con el objetivo de generar un ahorro de aproximadamente $5.040 millones anuales. Caputo informó que, desde octubre, el Banco Central había rescindido los contratos para la impresión de billetes en la planta, lo que aceleró la decisión de clausura. De hecho, los billetes de mayor denominación, como los de $10.000 y $20.000, ya se producen exclusivamente en el extranjero.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado será responsable de subastar el inmueble donde operaba la planta, y las actividades relacionadas con la producción de chapas patentes y la calcografía para pasaportes serán reubicadas en otras instalaciones. Asimismo, la maquinaria utilizada para la impresión de billetes será retirada y redistribuida. Este cambio pone fin a una etapa en la que el Estado asumía la responsabilidad directa en la producción de billetes.
Además, la planta cumplía con la función de almacenar billetes deteriorados que debían ser destruidos. Con el cierre, se agilizará el proceso de destrucción de estos billetes, especialmente después de que el Banco Central eliminara procedimientos que causaban retrasos en dicha tarea. Las bóvedas donde se almacenaban los billetes antiguos serán vaciadas, y su función será reubicada o descontinuada.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, describió el cierre de la planta como el final de un «emblema de la corrupción kirchnerista». Por su parte, Caputo señaló que, además de la reducción de costos, esta decisión tiene como fin poner fin a un episodio de corrupción ampliamente conocido, vinculando la estatización de Ciccone con malas prácticas. Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en una política de mayor eficiencia económica y reforzar la transparencia en la gestión pública.