El gobierno utilizó términos ofensivos como «idiota», «imbécil» y «débil mental», sobre la discapacidad y tuvo que rectificarse: «Fue un error»

El gobierno de Javier Milei modificó recientemente la definición legal de quiénes pueden solicitar una pensión por invalidez, reactivando el uso de términos ofensivos y discriminatorios como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para describir condiciones de salud mental. Esta medida, que fue publicada en enero bajo la Resolución 187 del Ministerio de Salud, bajo la dirección de Mario Lugones, incluía estos términos en el Anexo I de la normativa, lo que desató una controversia considerable.

La polémica alcanzó tal magnitud que fue incluso reportada por medios internacionales como El País de Madrid. Frente a la fuerte reacción pública, el gobierno se vio obligado a retractarse, aunque la explicación ofrecida fue sorprendente. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aclararon que el uso de esos términos no fue intencionalmente discriminatorio, sino que se trató de un «error» causado por el uso de una terminología obsoleta en la medicina psiquiátrica.

A pesar de que la resolución fue publicada en enero, el gobierno solo rectificó su postura después de que el contenido de la misma se viralizara en los medios. La ANDIS explicó que esos términos, aunque utilizados en el pasado para describir grados graves de déficit intelectual, ya no son apropiados y han sido descartados en la práctica médica actual. La justificación, sin embargo, no evitó las críticas, especialmente considerando que la medida no fue retirada sino hasta un mes y medio después de su promulgación.

La resolución fue fuertemente rechazada por organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, expresó su preocupación por la utilización de vocabulario discriminatorio, señalando que esto también violaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008. Para Quiroga, el lenguaje y los criterios empleados en la evaluación de la discapacidad en esta resolución son un retroceso grave, ya que pertenecen a una era anterior, específicamente a la década de 1990, y no reflejan los avances en el tratamiento y comprensión de la discapacidad.

En particular, la reciente resolución también reintrodujo requisitos que limitan el acceso a las pensiones, basándose en la noción de que una persona debe tener un 66% de «invalidez laborativa» para calificar, lo que implica una nueva forma de medir la discapacidad que ha sido considerada discriminatoria. A juicio de Quiroga, esta postura no solo emplea un lenguaje excluyente, sino que también refuerza la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral.

Desde la ACIJ se argumenta que esta visión de «personas válidas e inválidas» es fundamentalmente errónea y excluyente. En el contexto actual, nadie debe ser considerado «inválido» para trabajar, y todas las personas, independientemente de su condición, deberían tener acceso a los recursos necesarios para participar en el mercado laboral. Además, la resolución no toma en cuenta la vulnerabilidad económica y social de las personas con discapacidad, exacerbada por su exclusión del ámbito laboral, lo que agrava su situación en lugar de mejorarla.

La crítica subraya que esta perspectiva desactualizada no solo es dañina a nivel simbólico, sino que también obstruye el acceso a oportunidades laborales y vulnera los derechos de las personas con discapacidad, un grupo históricamente marginado.