Esta mañana, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, que en un plazo de 72 horas elabore un plan para distribuir los cinco millones de kilos de alimentos que están en depósito para ayuda social y que aún no han sido repartidos para que sean ejecutados de forma inmediata. Además, dispuso un operativo en los depósitos para tener un detalle completo de todo lo almacenado.
Tras la difusión de esta resolución, el gobierno nacional anunció que apelará la orden. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó: «Nosotros siempre hemos respetado la Justicia, pero eso no significa que no utilicemos los recursos legales a nuestro alcance en situaciones en las que no estamos de acuerdo, como es este caso». Agregó: «Vamos a apelar la resolución porque esto no es un tema judicial, sino una decisión de política pública. La Justicia no puede interferir en la política pública».
Adorni argumentó que los alimentos en cuestión son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes y que es necesario mantener un stock disponible. «Imaginen repartir todos los alimentos y que luego ocurra una catástrofe que requiera una entrega inmediata de alimentos. No podemos arriesgarnos a quedarnos sin reservas», señaló.
El funcionario también detalló que de los cinco millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate comprada por el gobierno anterior. Afirmó que ningún alimento corre riesgo de ser desperdiciado y que no se permitirá que eso suceda.
Además, Adorni sugirió que los reclamos provienen de personas que perdieron privilegios: «A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con un esquema en el que muchos se beneficiaban personalmente, y ahora se sienten afectados porque ya no pueden hacerlo».
La denuncia contra el Gobierno fue presentada en febrero por el dirigente social Juan Grabois, quien acusó al Ministerio de Capital Humano de suspender la entrega de alimentos en comedores comunitarios en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre.
Grabois denunció que en dos centros de distribución se almacenaban casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno admitió esta situación y afirmó que estaban trabajando para mejorar el mecanismo de distribución.
El juez Casanello destacó la importancia del derecho humano a la alimentación y señaló que este derecho está vinculado con el derecho a la vida, la dignidad y la salud. También mencionó que más del 60% de los niños, niñas y adolescentes argentinos se encuentran en situación de pobreza, con un 32% que sufre inseguridad alimentaria severa.
En su resolución, Casanello ordenó que se detalle el stock de alimentos en los depósitos y se elabore un plan para la entrega inmediata de toda la comida en un plazo de 72 horas.