Después de que el presidente Javier Milei decidiera vetar completamente la ley que declaraba la emergencia por las inundaciones ocurridas el pasado 7 de marzo en Bahía Blanca —las más graves en la historia reciente de la ciudad—, el intendente local, Federico Susbielles, expresó públicamente su desacuerdo y exigió al Gobierno nacional que no se desentienda de su obligación de asistir a los damnificados y colaborar en la reconstrucción de la ciudad.
En una conferencia de prensa, acompañado por miembros de su gabinete municipal, Susbielles remarcó que Bahía Blanca necesita con urgencia tanto recursos económicos como una gestión comprometida para superar las consecuencias del desastre climático. En ese contexto, adelantó que buscará establecer un contacto directo con el presidente para plantear la situación. “Nuestros vecinos merecen una nueva oportunidad. Bahía necesita un proyecto de recuperación y desarrollo. Este veto no puede interpretarse como el final del esfuerzo colectivo por reconstruir la ciudad”, afirmó el intendente.
Uno de los puntos que resaltó el jefe comunal fue la necesidad de completar obras estratégicas como el canal El Cholo, que según señaló, actualmente se encuentra inconcluso y representa un obstáculo estructural para el drenaje del sur de la ciudad. “Si el Estado nacional no puede asumir esa obra, proponemos que sea el Consorcio del Puerto quien tome la concesión”, propuso Susbielles como alternativa.
Asimismo, recordó que ya habían existido gestiones con funcionarios de la Casa Rosada, como autoridades del área de Infraestructura del Ministerio de Economía, con quienes se discutió el posible uso de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 200 millones de dólares para llevar adelante obras claves.
A su vez, Susbielles destacó las acciones concretas realizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, quien recientemente anunció inversiones para la reparación y ampliación del Canal Maldonado, entre otras obras. También solicitó que se implementen medidas de asistencia financiera para comerciantes afectados, en complemento con la ayuda brindada por el gobierno municipal.
El veto presidencial y sus consecuencias
La decisión del presidente Milei de vetar en su totalidad la Ley de Emergencia por las inundaciones, sancionada a comienzos de junio por el Congreso Nacional con amplio respaldo parlamentario, dejó sin efecto un paquete de medidas que buscaban brindar alivio a los damnificados por el temporal. El decreto 424/2025, firmado por el presidente junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anuló la Ley 27.790, que había declarado la emergencia y catástrofe en los municipios más afectados, especialmente Bahía Blanca y Coronel Rosales.
La ley contemplaba la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos administrado por la Jefatura de Gabinete, el otorgamiento de plazos de gracia en ejecuciones contractuales, el impulso de créditos blandos para la reconstrucción de viviendas, exenciones fiscales y la promoción de obras públicas con participación de proveedores locales. También establecía líneas de trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires.
Desde el Ejecutivo nacional justificaron el veto argumentando que los objetivos de la ley ya habían sido cubiertos por el Decreto 238/2025, que estableció un fondo con igual monto de dinero gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR). Además, el Gobierno alegó que más del 85% de los beneficiarios inscriptos ya había recibido el pago correspondiente, y que el resto estaba en análisis o había sido rechazado.
El decreto también objetó la inclusión de Coronel Rosales como zona asistida, señalando que no formaba parte del área más afectada según informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional. Finalmente, el Gobierno argumentó que la ley vetada no especificaba de qué fuente se obtendrían los recursos para conformar el fondo de emergencia, lo que, a su criterio, tornaba inviable su aplicación.
A pesar del veto, el Congreso aún tiene la posibilidad de insistir con la sanción de la norma, aunque necesitaría el respaldo de dos tercios en ambas cámaras para superar la decisión presidencial. Mientras tanto, las críticas no cesan y los reclamos de asistencia desde Bahía Blanca y otras localidades afectadas siguen en aumento.