El día de hoy, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano, como parte de una medida cautelar que exige la distribución de seis mil toneladas de alimentos que se encontraban retenidas en diversos depósitos.
Según la orden judicial emitida, el objetivo principal del allanamiento fue «incautar documentación y equipos informáticos que contuvieran información relacionada con la logística, inventarios y fechas de distribución» de dichos alimentos.
Desde el Ministerio de Capital Humano se informó que, durante el allanamiento, se entregó una «copia de seguridad de la computadora del director de logística de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, así como las órdenes de distribución que fueron emitidas a partir del 27 de mayo.»
La orden de allanamiento, emitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, está dirigida al Ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
El Ministerio de Capital Humano detalló que, entre la documentación proporcionada a la justicia, se incluyen «los reportes diarios enviados por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, situado en Tafí Viejo, los cuales contienen información detallada sobre el inventario, los ingresos, las salidas y el estado de los alimentos.»
Asimismo, indicaron que también se facilitaron a las autoridades judiciales «las constancias del sistema informático S.U.M.A., que reflejan los movimientos de los alimentos en los depósitos, además del acceso a varias cuentas de correo electrónico utilizadas por empleados y funcionarios.»
El Ministerio de Capital Humano, a través de un comunicado oficial, subrayó que, desde el comienzo de la actual administración, ha existido «una clara voluntad de transparentar y comunicar el trabajo realizado con el fin de que las familias en situación de vulnerabilidad puedan mejorar su capacidad adquisitiva.» Se enfatizó que la prioridad ha sido asegurar que las personas reciban asistencia directa, eliminando la intermediación en las políticas sociales.
Además, el Ministerio aseguró estar «cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos» y recordó que había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema, argumentando que el Poder Judicial no debería interferir en el diseño y la implementación de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo.
El caso se originó tras una denuncia penal presentada por el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, contra Sandra Pettovello, a quien acusó de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, señalando que se había producido un desabastecimiento de alimentos en los comedores comunitarios.
Luego de conocerse la medida ordenada por Casanello, Grabois expresó en redes sociales: «Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente.»
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