El magistrado encargado de decidir sobre la detención de Cristina Kirchner pidió licencia

El magistrado Jorge Gorini, quien encabeza el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), ha decidido iniciar una licencia de una semana a partir del lunes próximo. Durante su ausencia, el juez Rodrigo Giménez Uriburu ocupará su lugar y, junto al juez Andrés Basso, asumirá la responsabilidad de adoptar determinaciones fundamentales vinculadas con la ejecución de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros siete imputados en la causa Vialidad, relacionada con delitos de corrupción.

Esta licencia, solicitada previamente por Gorini, coincidirá con una instancia judicial de alta relevancia: el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, previsto para el martes, respecto a la sentencia dictada contra la exmandataria, la cual representa su primera condena por actos de corrupción cometidos durante su gestión como presidenta y mientras se desempeñaba como vicepresidenta de la Nación.

En calidad de titular del TOF 2, Gorini tiene a su cargo la ejecución de la pena que recae sobre Cristina Kirchner: seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Este delito ocasionó un desfalco estimado en más de 86 mil millones de pesos. Sin embargo, ante su licencia, las decisiones que deben tomarse recaerán íntegramente en sus colegas Giménez Uriburu y Basso.

Uno de los puntos centrales que deberá resolverse es la designación del lugar donde se cumplirá la pena de prisión impuesta a los nueve condenados. Además de Kirchner y Báez, se encuentran en esa lista Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich. Todos ellos tienen como plazo límite la mañana del jueves para comparecer en los tribunales de Comodoro Py.

Antes de que se venza ese plazo, los jueces interinos deberán analizar una solicitud crucial: el requerimiento presentado por el abogado defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, para que la condena sea cumplida bajo arresto domiciliario. La petición incluye condiciones específicas: la no utilización de tobillera electrónica y el mantenimiento del esquema actual de custodia, a cargo del comisario Diego Carbone.

El fiscal federal Diego Luciani será quien deba emitir un dictamen sobre si resulta procedente o no conceder este beneficio especial a la expresidenta. El tribunal se expedirá únicamente después de recibir su evaluación.

Cabe destacar que el juez Giménez Uriburu, actualmente en el centro de esta etapa del proceso judicial, fue blanco de fuertes cuestionamientos por parte de la expresidenta durante el desarrollo del juicio. Asimismo, fue protagonista de diversos incidentes irregulares. En agosto de 2022, justo en momentos en que la fiscalía preparaba sus alegatos finales, su teléfono móvil fue objeto de un hackeo mediante la técnica de suplantación del chip, con el objetivo de acceder a información confidencial.

Ese mismo mes se reportó una intromisión en el sistema de la Oficina de Declaraciones Patrimoniales del Consejo de la Magistratura. A raíz de esta acción, se sustrajeron las declaraciones juradas de carácter reservado del propio Giménez Uriburu. Además, en enero de 2023, se detectaron vehículos con patentes adulteradas merodeando su domicilio, donde incluso se habrían tomado fotografías durante la madrugada. La causa que investiga ese hecho se encuentra actualmente en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.