Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo, expresó su profunda indignación y lanzó duras acusaciones contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei, responsabilizándolos por la brutal represión ocurrida en las inmediaciones del Congreso, donde su hijo resultó gravemente herido mientras cubría la marcha de jubilados e hinchas de fútbol.
Desde la puerta del Hospital Ramos Mejía, donde Pablo se encuentra internado, su padre manifestó su angustia con palabras cargadas de enojo y desconsuelo. “Por culpa de una ministra irresponsable y de un presidente que vive en una realidad paralela, mi hijo está en peligro”, expresó, denunciando que las máximas autoridades del país han permitido un accionar represivo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.
El estado de salud de Pablo Grillo es extremadamente crítico. Según informaron los médicos, sufrió un “trauma grave de cráneo con pérdida de masa encefálica y múltiples fracturas”, una condición que lo mantiene en una situación delicada y de pronóstico reservado.
Fabián Grillo también hizo referencia al compromiso político de su hijo y de su familia, dejando en claro que la militancia no es un delito. “Mi hijo es fotógrafo, pero también es militante, y nosotros venimos de una familia de militantes. Nos sentimos orgullosos de ello. Me resulta indignante escuchar las declaraciones de la ministra de Seguridad, quien desprecia la militancia como si fuera algo negativo”, sostuvo con firmeza.
El momento en que Pablo Grillo fue alcanzado por un cartucho de gas quedó registrado en imágenes que muestran el violento accionar policial. Mientras cubría la manifestación y documentaba la represión contra los adultos mayores, se agachó para capturar una fotografía. En ese instante, un cartucho de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad impactó directamente en su cabeza, ocasionándole las gravísimas heridas que hoy lo tienen al borde de la muerte.
Este episodio ha desatado una fuerte condena hacia el accionar policial y las políticas represivas del Gobierno, que, según denuncian familiares y organizaciones de derechos humanos, ponen en riesgo la vida de quienes ejercen el derecho a la protesta y a la libertad de prensa.