El PAMI sufre un revés judicial sobre la cobertura total de medicamentos

El 6 de enero, el juez Pablo Quirós, quien preside el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, emitió una resolución que suspendió las disposiciones N° 2.431 y 2.537 del PAMI en esa provincia. Estas resoluciones modificaban las condiciones para acceder al 100% de cobertura de medicamentos por motivos sociales para los afiliados. Según los demandantes, estos nuevos requisitos crearon barreras que afectaron a un grupo especialmente vulnerable, lo que motivó la acción judicial.

La medida fue inicialmente impulsada por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen) y, con el tiempo, se extendió a Tucumán mediante un amparo interpuesto por el diputado nacional Carlos Cisneros y la Asociación Civil Redecu.

El proceso judicial comenzó en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, que, al ser el primero en dictar la resolución, inscribió la acción en el registro de procesos colectivos habilitado por la Corte Suprema de Justicia en el caso «Halabi». Este registro tiene como objetivo evitar fallos contradictorios. Debido a su primacía en la resolución, el caso de Tucumán fue incorporado bajo la misma jurisdicción.

El PAMI, en su defensa, impugnó la competencia del Juzgado Federal de Mendoza, lo que dio lugar a un conflicto de competencia con el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 5 de Capital Federal, que está bajo la supervisión del juez Patricio Marianiello. Según los actores involucrados en el caso, esta impugnación fue una estrategia para retrasar el proceso, ya que el juez Marianiello no estaba remitiendo los expedientes con la celeridad necesaria.

En la sesión del 8 de abril de la Cámara de Diputados, Carlos Cisneros, quien impulsó el amparo en Tucumán, aprovechó para levantar una cuestión de privilegio. En sus declaraciones, acusó a algunos sectores del gobierno de intentar dilatar el caso mediante ciertos estudios jurídicos y se refirió al comportamiento del gobierno de Javier Milei y de algunos jueces que, según él, estaban favoreciendo a los intereses del gobierno, perjudicando a los trabajadores y jubilados. En este contexto, Cisneros también mencionó al juez Marianiello, sugiriendo que tenía antecedentes problemáticos.

Finalmente, la Cámara Federal de Mendoza, compuesta por los magistrados Pizarro, Pérez Curci y Castiñeira de Dios, resolvió el conflicto de competencia, fallando a favor del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza y en contra de la inhibitoria planteada por el PAMI. En su resolución, los jueces señalaron que el caso debía ser gestionado en Mendoza, dado que el Juzgado Federal N° 2 de esa provincia ya había inscrito la acción en el registro de procesos colectivos de la Corte Suprema. Esta decisión fue tomada conforme al reglamento aprobado por la Corte en la Acordada N° 12/16 y respaldada por precedentes judiciales clave, como los casos «Halabi», «Municipalidad de Berazategui» y «CEPIS».